La Comisión de Fiscalización continuó hoy con la quinta jornada de recepción de testimonios en la sustanciación de la solicitud de juicio político contra el excontralor subrogante, Pablo Celi. En esta ocasión recibió a las exfuncionarias de Contraloría Mishell Cedeño y María de las Mercedes Placencia, quienes se refirieron a la gestión de la Dirección de Determinación de Responsabilidades y a la contratación de servicios comunicacionales con la empresa HDC Producciones C.A., respectivamente.
Mishell Cedeño indicó que trabajó en la Contraloría, en diversos cargos, desde 2015 hasta el 7 de julio de 2021. Dentro de los últimos cargos, ejerció la Dirección de Determinación de Responsabilidades que tiene la facultad de recibir los informes de auditoría que han sido aprobados; los analistas y supervisores revisan los hallazgos que haya en dichos informes y verifican que se enmarquen en lo previsto en la ley.
Posteriormente, se hace un resumen de los hallazgos en los informes de auditoría de manera individualizada, con la indicación de la persona o institución de quien se trate; después se remite al área de Responsabilidades.
Indicó que en el ejercicio del cargo, conjuntamente con tecnología, implementó un procedimiento que permite hacer un seguimiento de los procesos de determinación de responsabilidades.
Al ser consultada sobre los mensajes, vía chat, en los cuales el excontralor le requiere que agilice el registro de la destitución de una autoridad, con lo cual se lo inhabilita para el ejercicio de un cargo público, Mishell Cedeño dijo que eso era parte de un diálogo normal porque la inscripción de la destitución le permite al administrado presentar el recurso de que se considere asistido para apelar dicha sanción.
Se perjudicó mi buen nombre
De su lado, María de las Mercedes Placencia, exsubcontralora de Gestión Interna, subrayó que acude a la Comisión para aclarar cómo se produjeron las contrataciones en el ejercicio de su cargo, porque a través de lo que se ha dicho “se perjudicó mi buen nombre”.
Añadió que, en 2017, fue invitada a trabajar en la entidad por el excontralor Pablo Celi, dada su experiencia en materia de cooperación internacional.
Como subcontralora de Gestión Interna le correspondía suscribir todos los contratos, sobre la base de la información y los documentos aportados por el área administrativa. Específicamente, en el caso del contrato para la provisión de servicios comunicacionales con HDC Producciones, el requirente fue la Coordinación de Comunicación, que dependía directamente del despacho del Contralor.
Explicó que las especificaciones técnicas, la invitación a las empresas, los términos de referencia correspondían a la unidad requirente y que no está dentro de la potestad de su área determinar si la empresa a la que se adjudica el contrato cumple o no los requisitos, puesto que la calificación y adjudicación son actos anteriores a la suscripción del contrato. “Si yo hubiese sabido que HDC Producciones tenía una glosa, por ética profesional, no habría firmado el contrato, mas no porque sea un impedimento legal”, enfatizó.
Así mismo, defendió la validez del proceso, pues se contó con la certificación presupuestaria y se hizo una reforma al Plan Anual de Contratación (PAC) de 2017. Sobre este tema, dijo que se trataba de una contratación con ejecución plurianual, razón por la cual constó en el PAC de 2018.
El presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, agradeció por el aporte de las dos exfuncionarias quienes, pese a que al momento no ejercen cargos públicos aceptaron colaborar con el proceso de sustanciación de la solicitud de juicio político en contra del excontralor subrogante, Pablo Celi.
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