En la Comisión de Garantías Constitucionales, presidida por el asambleísta Fernando Cabascango, la directora General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Seguridad Social (IESS), Holga Núñez, explicó las acciones que han adoptado respecto al caso de los trabajadores agrícolas abacaleros de la empresa Furukawa. Subrayó que han tomado decisiones administrativas y legales necesarias que se encuentran en el ámbito de sus competencias.
Informó que han realizado 37 visitas in situ y continúa el seguimiento permanente a la empresa Furukawa Plantaciones C.A. Sin embargo, el IESS, para poder actuar conforme a sus atribuciones, requiere que los órganos competentes determinen la existencia de relaciones laborales. Dicha empresa a la fecha no registra obligaciones patronales en mora, precisó.
Sobre los resultados obtenidos de la gestión realizada por el Instituto, la funcionaria informó que a junio de 2019, en que se iniciaron las inspecciones, el número de afiliados era 266 y a julio de 2021 se registraron 472, que representa un incremento del 178%.
Núñez, acompañada del subdirector Marcelo Ortega, entregó la documentación y detalló las acciones realizadas en el 2021. Subrayó que el 15 de abril de 2021 la Unidad Provincial de Afiliación y Control Técnico de Sto Domingo de los Tsáchilas informa la ejecución de dos visitas a las haciendas Bonanzas y Flora y presenta un cronograma de visitas mismas que culminarán en agosto del presente año.
Dijo que la Corte de Justicia de esta localidad reconoció que existió una vulneración de derechos constitucionales. El fallo judicial dispone a la empresa Kurukawa que otorgue una medida de reparación integral y económica. De igual manera a los Ministerios de Trabajo, Salud y de Gobierno que emitan disculpas públicas por no haber actuado de acuerdo con sus atribuciones.
Recordó que el 13 de junio de 2019 se notificó al Ministerio de Trabajo que podrían presentarse presuntas condiciones laborales precarias de trabajo y personas sin contrato de trabajo. El 18 de junio de 2019 se notificó a la Fiscalía estos hallazgos y se interpuso la denuncia, con la finalidad de que se investigue el presunto delito de falta de afiliación y retención ilegal de aportes.
El 20 de junio de 2019 se encontró que existían personas sin documentos de identificación. Esta misma fecha también se detectó un presunto trabajo infantil; posibles condiciones insalubles de trabajo o vivienda; niños y adolescentes que no estarían inscritos en el sistema educativo.
Fernando Cabascango, presidente de la Comisión, tras hacer un llamado a la sensibilidad, conciencia y humanidad, subrayó que es lamentable que en nuestro país aún existan casos reales de esclavitud contemporánea y que estén relacionados a temas de discriminación, racismo y exclusión social.
Sin duda vivimos en un caso de vulneración de derechos humanos expresó la parlamentaria María Fernanda Astudillo. Consultó sobre el registro de los contratos de las personas con discapacidad, reclamos por la falta de afiliación; acceso a los servicios de salud y a la jubilación universal; listado de los pacientes atendidos por Covid 19; afiliados que han accedido a préstamos por parte de IESS, entre otros aspectos.
La asambleísta Victoria Desintonio preguntó sobre los porcentajes que existen por afiliación y accidentes laborales y protocolos de seguridad, mientras que Paola Cabezas consultó si han presentado denuncias a la Fiscalía.
Por último, Fernando Cabascango sostuvo que la información no concuerda con la que poseen y es importante ampliarla, a la vez que señaló que es importante conocer la fecha de la última inspección, un informe actualizado, el listado de las denuncias interpuestas en la Fiscalía por delitos de falta de afiliación a los trabajadores y el cometimiento de nuevos delitos.
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