La Comisión del Derecho a la Salud y el Deporte se reunió este jueves para analizar la situación de los deportistas ecuatorianos que participan en los Juegos Olímpicos y de la delegación oficial que se encuentra en Tokio.
Marcos Molina, presidente de la Comisión, manifestó que como ecuatorianos compartimos los triunfos alcanzados por nuestros deportistas, pero que es oportuno fiscalizar las acciones de los dirigentes deportivos ante la falta de apoyo del Estado. Indicó que ha solicitado la información oficial para conocer el nivel de respaldo del Estado a nuestros deportistas.
Los deportistas denuncian falta de condiciones mínimas para su participación, por lo que se necesita respuestas oportunas de los montos asignados por concepto de viáticos y pasajes para los deportistas y el monto para los dirigentes, a la vez que anunció que están trabajando en una nueva ley que cambie estas deficiencias.
De su lado, la vicepresidenta de la Comisión, María José Plaza, explicó la estructura institucional del deporte en el país y sugirió conocer la información del Comité Olímpico Ecuatoriano y otros organismos, antes de la comparecencia del Ministro del Deporte.
Luisa González sostuvo que la fiscalización sobre el tema deportivo es urgente y oportuna y destacó la importancia del deporte como política social fundamental para mantener a los niños y jóvenes a salvo de varios problemas salud.
Gestión de la emergencia sanitaria
En otro punto, la Comisión conoció los criterios de la academia respecto del proyecto de Ley para la Gestión de Emergencia Sanitaria por Pandemia, previo a la elaboración del informe de primer debate.
Enrique Terán, docente e investigador y experto en bioestadística de la Universidad San Francisco, dijo que es importante que el Ecuador ponga énfasis en los procesos de investigación, ciencia, tecnología, y desarrollo, para que no nos vuelva a sorprender una pandemia sin la infraestructura, sin capacidad de respuesta y dependientes de lo que venga del exterior. Tras recordar que las vacunas son las únicas indicadas para prevenir las enfermedades infecciosas, habló de su eficacia ante las diferentes variantes del coronavirus.
“Es necesario entender que la vacunación no nos exime del uso de la mascarilla, del lavado de manos y del distanciamiento social”, recalcó, al precisar que hay que trabajar para fortalecer el proceso de inmunización.
María Fernanda Rivadeneira, coordinadora de la Maestría en Epidemiología para la Salud Pública de la Universidad Católica, habló de la situación preliminar epidemiológica del Ecuador en el marco del proyecto en tratamiento. Propuso fortalecer la vigilancia epidemiológica, vigilancia comunitaria, restricciones, obligación de vacunación e información continua a la ciudadanía.
Aseveró que existen grandes limitaciones en el acceso a la información en el país, lo que dificulta hacer un análisis más pormenorizado a quienes trabajan con datos de vigilancia epidemiológica. Informó que el 35% de muestras pertenecen a variantes de preocupación.
Por último, Pamela Aguirre, directora del Observatorio Jurídico Social de la Universidad Espíritu Santo, advirtió que el proyecto tiene varios vicios de inconstitucionalidad y es eminentemente sancionatoria en caso de incumplimiento de las medidas. No aborda a profundidad lo que se requiere para afrontar la pandemia y la nueva normalidad, le faltan medidas de transparencia de datos y medidas de difusión y educación, añadió.
El legislador Joel Abad consultó si el proyecto es de carácter inconstitucional cuando se faculta al Comité de Operaciones de Emergencia declarar un estado de excepción, considerando que por mandato de la Constitución esa es una competencia exclusiva del Presidente de la República, a lo que Pamela Aguirre respondió que toda restricción de derechos tiene que hacerse a través de la ley.
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