La Comisión Ocasional para el Tratamiento de los Proyectos de Enmiendas y Reformas Constitucionales escuchó el punto de vista de constitucionalistas respecto a los antecedentes del proyecto de reforma parcial a la Constitución, presentado por el Comité por la Institucionalización Democrática. Los expertos coincidieron que se debe respetar el dictamen de la Corte Constitucional respecto a esta propuesta de iniciativa ciudadana.
Los legisladores consideraron que el tema es suficientemente técnico y amerita un estudio profundo con mayores elementos de análisis. Allí se planteó que la Comisión pida a la Corte Constitucional que resuelva de manera prioritaria el pedido de seguimiento de su dictamen, a efectos de dar continuidad a este proceso de reforma constitucional, luego que la Asamblea Nacional, en el período anterior no dio paso a esta propuesta.
Pablo Dávila Jaramillo, del Comité por la Institucionalización Democrática, explicó los antecedentes y recordó que iniciaron el proceso de reforma parcial a la Constitución en el 2019, con tres objetivos fundamentales: eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, promover un proceso de restructuración de la Asamblea Nacional y de fortalecimiento de la independencia y autonomía de la Fiscalía General del Estado como paso fundamental para la lucha contra la corrupción.
Recordó que el Pleno de la Asamblea discutió un informe que excluía uno de los tres temas fundamentales que era la reestructuración de la Asamblea, lo que a su criterio invalida todo el trámite de discusión en el Legislativo.
Hernán Pérez Loose dijo que es la primera vez que nace un proyecto de reforma parcial a la Constitución con un pronunciamiento ciudadano. Es claro que la Constitución actual no le permite a la Asamblea archivar un proyecto de iniciativa ciudadana, misma que establece un mecanismo de participación directa para ejercer la soberanía popular. No podemos admitir que sea bloqueado un proyecto que cumple los requisitos establecidos en la Constitución y que es respaldado por 300 mil ciudadanos, añadió.
A criterio de Pamela Aguirre, catedrática y experta constitucionalista, la Ley de Función Legislativa tiene algunos vacíos legales respecto al procedimiento para tratar este proyecto, como por ejemplo la participación de los proponentes ante el Pleno en el primer y segundo debate, temas que no están determinados en la Constitución, en la Ley de Garantías Jurisdiccionales ni en la Ley de Función Legislativa para definir como se aplica este principio democrático.
Indicó que la Ley de la Función Legislativa tampoco establece la votación para aprobar los proyectos de reforma constitucional. Según su opinión, se requiere el voto afirmativo de al menos la mitad más uno de los miembros de la Asamblea Nacional.
Inquietudes legislativas
El asambleísta Diego Ordóñez aspira que el fallo de la Corte Constitucional favorezca la participación ciudadana y permita reabrir el camino constitucional. Ricardo Vanegas dijo que la inobservancia de la Comisión anterior permitió que el tema se encuentre nuevamente en la Corte Constitucional. El pronunciamiento de la Corte permitiría conocer si el tema regresa a la Asamblea, caso contrario entraría directamente a un referendo, añadió.
El presidente de la Comisión, Francisco Jiménez, expresó que es necesario generar consensos y disensos a fin de construir una institucionalidad que perdura en el tiempo.
Plan de Trabajo
Previamente, la Comisión aprobó el Plan General de Trabajo para el trámite de los proyectos de enmiendas constitucionales. En la construcción de los diferentes informes, se tiene previsto realizar un análisis descriptivo, técnico, jurídico y sistemático y recibir comparecencias de expertos y ciudadanos.
Entre los mecanismos de trabajo, recibirá sugerencias y observaciones, instalará comisiones generales, foros de consulta, mesas itinerantes y ruta legislativa. En relación al trabajo en territorio realizará talleres, debates, foros de discusión con gremios y organizaciones sociales.
Uno de los proyectos en los que trabajará la Comisión será la Enmienda al artículo 258 de la Constitución de la República, en cuanto a la designación del Presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, para que sea elegido por votación popular.
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