La Comisión de Educación, presidida por el legislador Manuel Medina, ratificó el compromiso de generar normas legales que ayuden a solucionar el grave problema económico que enfrentan los becarios y beneficiarios de crédito educativo. Esto en el marco del análisis del proyecto de reformas al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (Código Ingenios).
Esta propuesta regula el refinanciamiento y facilidades de pago en becas, crédito educativo y ayudas económicas, en el afán de encontrar una solución adecuada, de modo que los deudores puedan cumplir sus obligaciones de acuerdo con su realidad económica y la del país.
Para ello, el proyecto crea un régimen especial de facilidades de pago para la recuperación de la cartera vencida por créditos educativos y cobro de sanciones económicas impuestas a los beneficiarios.
Esta vez los comisionados escucharon las versiones de los directivos de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) y de la Asociación de Becarios del Ecuador.
Valeria Espinoza, de Senescyt, explicó que el proyecto en referencia incorpora en el Código Ingenios un régimen de transición para flexibiizar el proceso de recuperación de los créditos y valores por concepto de becas, que tiene una dinámica diferente.
La funcionaria explicó que la reforma requiere armonizar con el Código Orgánico Administrativo, que prevé la refinanciación de créditos hasta 24 meses y previo el pago del 20% de la deuda.
De su lado, el director del Proceso de Coactiva de la Senescyt, Rafael Dávalos, coincidió en señalar que la ley debe precisar que el régimen especial no va a contravenir lo dispuesto por el Código Administrativo, de lo contrario habría dos normas contradictorias del mismo orden jerárquico, lo que ocasionará problemas de índole técnico y legal en perjuicio de los beneficiarios del crédito educativo.
Recordó que la normativa legal vigente permite una sola oportunidad para presentar facilidades de pago, que implica un abono inicial de 20% y un plan de pagos de hasta 24 meses, pero que el régimen especial propuesto en la reforma habla de un abono que va del 5 al 20%, de acuerdo con el monto de la deuda y se amplía hasta 120 meses, lo que contradice al Código Administrativo.
También aseguró que es importante delimitar el ámbito de aplicación de este régimen para las cuentas que se hallan en etapa coactiva.
A su vez, María Teresa Galarza, de la Asociación de los Becarios, expresó su preocupación porque se han iniciado procesos de liquidación en los que se trata a la beca como un crédito, pese a que son circunstancias totalmente diferentes, a la vez que sostuvo que se debe considerar incumplimiento del objeto del contrato cuando el estudiante no realizó los estudios y no alcanzó el título profesional y, en consecuencia cabe la devolución de la beca.
Advirtió que los beneficiarios del crédito educativo y becas no tienen acceso a un empleo, como consecuencia de la pandemia y la crisis económica y consecuentemente no tienen capacidad económica para cancelar, razón por la que se les ha iniciado procesos coactivos.
Los parlamentarios expresaron su preocupación por la situación que enfrentan los becarios y las condiciones impuestas por la Senescyt para la recuperación de los créditos, a la vez que sugirieron que se considere la situación de cada una de las personas que por falta de un empleo no tienen capacidad económica para pagar el crédito.
PV
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