Los avances en la ejecución de la Ley de Apoyo Humanitario y la situación financiera del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social fueron materia de análisis de la Comisión del Derecho al Trabajo junto a la Directora del Seguro Social. Los legisladores insisten en respetar el artículo 25 de dicha norma que garantiza estabilidad laboral para los profesionales de la salud.
Ley de Apoyo Humanitario
Olga Núñez, directora General del IESS, subrayó que la Ley de Apoyo Humanitario y su Reglamento establecen que los profesionales de la salud que han atendido a los pacientes de Covid tendrán estabilidad laboral cuando se produzca el concurso de méritos y oposición, los mismos que se ejecutarán de manera paulatina y por fases, cuando la necesidad se respalde en la planificación del talento humano y la correspondiente certificación presupuestaria de los recursos.
Mencionó que la evolución del personal se debe analizar en función de indicadores y parámetros, como el incremento de las unidades y atención médica. Aclaró que si bien la Ley Humanitaria concede el derecho a los profesionales que trabajaron en la pandemia, se considera solo a quienes tenían condición de contratos o nombramientos provisionales.
Resaltó que se llevan a cabo procesos que beneficiarán a 13.802 servidores que accederán a nombramiento, de los cuales 10.525 pertenecen a la LOSEP y 3.277 al Código de Trabajo.
A criterio de Esthela Tinoco, del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, de Guayaquil, la aplicación de Ley Humanitaria no ha sido transparente y justa, por lo que piden veeduría en el proceso.
Los asambleístas expusieron sus preocupaciones. Luis Almeida habló de privatización y de una posible reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública; Marcela Holguín dijo que hay que cumplir lo que estipula el Art. 25 de la Ley Humanitaria, los procesos de desvinculación y los concursos de méritos y oposición.
Pamela Aguirre preguntó como avance el proceso para otorgar nombramientos al personal de salud que trabajó en la pandemia, mientras que Johanna Ortiz consultó hasta qué fecha tienen programado generar los concurso para entregar los nombramientos. Luis Marcillo dijo que es fundamental resolver lo temas administrativos para atender las necesidades de los afiliados.
Salvador Quishpe preguntó cuántos contratos ocasionales tiene el IESS y su tiempo de vigencia. Si han considerado en la proforma presupuestaria del segundo semestre del 2021 los recursos necesarios para estas designaciones.
Situación financiera del IESS
Olga Núñez informó que el número de afiliados activos a marzo del 2020 era de 3 millones 081; y, en junio de 2 millones 898, es decir, hay una caída de 200 mil afiliados. La funcionaria afirmó que no son ingresos que están asegurados porque el número de afiliados está en íntima relación con la situación económica del país.
Marcela Holguín, tras mencionar que la deuda del Estado al Seguro Social es de alrededor de 16 mil millones, preguntó si está en riesgo la sostenibilidad del IESS. Salvador Quishpe interrogó en qué áreas ha invertido el Seguro Social y cuál es el nivel de inversión, así como las proyecciones y planificaciones para tener rentabilidad para enfrentar el déficit económico.
La legisladora Wilma Andrade, quien solicitó esta comparecencia, expresó su preocupación respecto a la situación financiera que atraviesa la Seguridad Social que pone en riesgo la sostenibilidad y consultó sobre la transparencia de la deuda del Estado, inversiones y desinversiones y medidas que se han tomado para dar sostenibilidad.
Olga Núñez al responder a las interrogantes de los legisladores, enfatizó que el artículo 367 de la Constitución prohíbe la privatización. Dijo que aproximadamente 8 mil millones corresponden a inversiones, títulos y valores y aclaró que en la proforma presupuestaria constan 1.600 millones de dólares para financiar el aporte del cuarenta por ciento para el pago pensiones. El IESS y el seguro de salud tienen activos que se deben ir haciendo efectivos y no están quebrados” enfatizó.
RSA/pv
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