La Comisión del Derecho al Trabajo, que preside Rina Campain, recibió los criterios de los ministros de Trabajo, Educación y Finanzas, respecto al avance en el pago de la compensación económica por jubilación.
La ministra de Educación, María Brown, informó que ayer se inició el trámite para el pago de 8 millones adicionales de bono para docentes jubilados. Afirmó que esta deuda se ha ido acumulando y en la actualidad asciende a 763 millones 890 mil dólares, por lo que su pago será periódico y paulatino.
María Fernanda Sáenz, coordinadora Administrativa y Financiera del ministerio, informó que al 30 de julio del presente año está pendiente de pago a 12 mil 809 jubilados por un monto de más de 635 millones de dólares. Indicó que en total pagado a 24.427 jubilados por 973.4 millones de dólares.
De su lado, el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, afirmó que no tienen expediente rezagados de los jubilados, salvo los llegados en los últimos días. Lorena Castellano funcionaria de esa dependencia, expresó que el análisis por compensación de los años 2008, 2009 y 2010 le compete al Ministerio de Educación.
Desde el 2016 hasta la actualidad el Ministerio ha conferido el aval para los jubilados del sector educación con un total de 8 mil 698 expedientes sujetos al régimen de la Ley de Educación Intercultural que representa a 428 millones de dólares. Aseguró que han validado 1.436 expedientes por un monto aproximado de 72 millones.
El subsecretario de Economía, Luis Fierro, señaló que por este concepto en el año 2020 se pagaron 434 millones y en lo que va de este año 117 millones.
En cuanto a la Ley Interpretativa de la disposición general novena de la Ley de Educación Intercultural tienen 464 expedientes por un monto de 7,6 millones de dólares y sobre el reconocimiento del estímulo económico por jubilación a exservidores tienen 2.425 expedientes actuales por un monto 120 millones.
Cecilia Paredes, presidenta de la Coordinadora Nacional de Maestros Jubilados, reclamó el pago del incentivo jubilar y que se tome en cuenta a quienes están amparados en la Ley de Servicio Público y en el Código de Trabajo.
Implementación de la Ley de Apoyo Humanitario
Los representantes del ISSPOL, del ISSFA y del Seguro Social Campesino dieron sus argumentos respecto a la implementación de la Ley de Apoyo Humanitario.
Renato González, director del Isspol, dijo que su institución no tienen profesionales de la medicina de primera línea a los que puedan ofrecer la aplicación de la Ley de Apoyo Humanitario, mientras que William Villarruel, del Hospital de la Policía de Guayaquil, informó que los 27 funcionarios que tenían nombramientos provisional ya cuentan con sus nombramientos permanentes y que de otro grupo de 25 funcionarios con contratos ocasionales están en trámite sus contratos permanentes.
En representación de Frank Landázuri, director del ISSFA, intervino Doris Rodríguez, quien manifestó que la entidad no cuenta con hospitales ni prestadores propios, es decir solo es una aseguradora financiadora. Los prestadores de salud a los que el Issfa paga por las atenciones a sus asegurados son las unidades de salud de las Fuerzas Armadas que dependen orgánica y financieramente del Ministerio de Defensa Nacional, explicó.
Cristina Camino, representante del Seguro Social Campesino, lamentó que con tantos años de trabajo no reciban su nombramiento quienes prestan servicios en primer nivel del Seguro Social y atendieron a pacientes con Covid.
A pedido del asambleísta Ricardo Ulcuano, Marcelo Reinoso director del Seguro Social Campesino, explicó que la institución a través de sus 652 centros y 1.892 personas han contribuido para combatir el Covid. Sobre los beneficiarios de la ley, informó que tienen 495 personas, de las cuales 291 han participado en concursos y en la fase preparatoria se encuentran 104 personas.
De igual forma, Luis Andrango de la Coordinación Provincial de Pichincha, informó que en esta localidad existen 26 dispensarios con 76 profesionales de la salud, de ellos 37 contaban con nombramiento y los 33 restantes se acogieron a ser beneficiarios de la Ley de Apoyo Humanitario. De ellos 14 cuentan con sus nombramientos definitivos y 19 están en proceso de revisión.
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