La Comisión de Desarrollo Económico continúa el tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de Telecomunicaciones. Esta vez recibió a Víctor García director regulatorio de Claro, quien indicó que la empresa apoya tres propósitos fundamentales de los proyectos de ley: cierre de la brecha digital, universalización del internet y precios asequibles para la población.
Sin embargo, en su intervención manifestó que el déficit de conectividad no es problema de vacíos legislativos. En ese marco señaló que la Ley de Telecomunicaciones tiene varios artículos que garantizan la reducción de la brecha digital; competencia y regulación de precios cuando sea requerido; servicio universal, proyectos y contribución; derechos de los usuarios al acceso a contenidos sin restricciones o limitaciones; entre otros.
Por lo tanto, expuso que no hace falta una reforma legislativa. El problema, señaló, está en la ejecución por parte de las autoridades de la Función Ejecutiva y que hay recientes cambios normativos que apuntan hacia el cierre de la brecha digital. En conclusión, afirmó que una reforma en la actualidad podría generar incertidumbre y dispersión legislativa afectando los proyectos en curso.
Así mismo, refirió que el déficit de conectividad no es un problema de compromiso empresarial, porque aproximadamente hay un aporte de 300 millones al servicio universal, adicional a las contribuciones directas en conectividad en áreas desatendidas.
Desafíos
El representante de Claro reconoció que aún existen desafíos de conectividad en el país. Resaltó que existen 260 parroquias sin ningún tipo de conectividad, pues el 20% de la población no dispone de internet móvil y más de la mitad de hogares sin internet fijo, esta última cifra en relación a 2019 cuando el 45.5 % de hogares estaban conectados a internet fijo.
Inquietudes
El asambleísta César Rohon realizó algunos cuestionamientos al funcionario de Claro. Si el aporte de los 300 millones corresponde a todas las empresas de telecomunicaciones, en cuánto tiempo se dará conectividad a las 260 parroquias, cuándo termina la concesión de Claro con el gobierno ecuatoriano. Mientras que el legislador Francisco Jiménez preguntó si se podría fortalecer una red troncal nacional para dar mayor cobertura.
Víctor García respondió que los 300 millones aportó la industria de telecomunicaciones, en los últimos 12 años, como contribución al servicio universal. Resaltó que esa cifra se construye del 1 % de la facturación que establece por ley el gobierno. Sin embargo, advirtió que no se lo ha utilizado para el propósito que fue creado. También informó que la fecha de concesión de Claro culminaría en agosto de 2023, pero a partir de 2021 ya se debe iniciar el proceso de negociación. Sobre la conectividad de las 260 parroquias, expuso que podría estar lista en un año.
En cuanto al fortalecimiento de la red troncal, dijo que hubo un intento de hacerlo en Perú y México, pero al no estar alineadas a las necesidades del mercado fracasaron. Señaló que la empresa estatal tiene una red troncal robusta y buena, a la que se la podría complementar con las de las otras empresas. En ese sentido, dijo que la empresa del Estado podría desarrollar un negocio mayorista.
En otro aspecto, la Comisión avocó conocimiento del proyecto de reformas a la Ley de Compañías presentado por el expresidente de la República, Lenín Moreno Garcés.
SV/pv
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