La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, continúa el proceso de fiscalización al Sistema Nacional de Rehabilitación Social. En tal sentido, la mesa recibió a Fausto Cobo, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Adultos Privados de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), quien expuso la situación de los Centros de Rehabilitación Social del país.
El presidente de la Comisión, Ramiro Narváez, indicó que la mesa ha dedicado siete sesiones a esta temática para tratar en conjunto con varias instituciones como la Fiscalía, Ministerio de Gobierno, Consejo de la Judicatura, Secretaría de Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, entre otros organismos, un tema de vital importancia para el Ecuador.
El titular del SNAI, manifestó que la situación que vive el sistema penitenciario es desastrosa, precaria y peligrosa. Advirtió que en los centros de privación de libertad hay una conexión directa entre el crimen organizado internacional, narcotráfico transnacional y delitos conexos. Manifestó que la crisis carcelaria es estructural, que involucra al sistema de Justicia, Estado, Asamblea y ciudadanía en general, considerando que el concepto de seguridad es integral.
Dijo que los centros de privación de libertad tienen problemas como la falta de infraestructura, tecnología y falta de personal; sin embargo, expresó que para solucionar estos inconvenientes se necesita tiempo y dinero. Los resultados se verán en unos seis meses, aproximadamente, alertó.
“La infraestructura carcelaria que existe no da más”, expresó. Señaló que a pesar que en los últimos años se construyeron centros penitenciarios se los hizo sin visión de seguridad, porque están juntos los reos de máxima, mínima y baja peligrosidad y eso se debe corregir. Respecto a la deficiencia de guías penitenciarios, indicó que se deben mejorar las condiciones para este grupo, así como su preparación, capacitación y entrenamiento. También señaló que se debe fortalecer la inteligencia al interior de los centros.
Inquietudes
El presidente de la Comisión, Ramiro Narváez, sostuvo que el diagnóstico del sistema penitenciario ya lo conocen por el trabajo de fiscalización que ha realizado la mesa y que ahora necesitan saber, qué acciones llevarán a cabo para mejorar la infraestructura, la falta de tecnología, la deficiencia del personal, entre otros aspectos.
La legisladora Patricia Núñez, sostuvo que se necesita voluntad por parte del Gobierno para llevar adelante políticas públicas que permitan solucionar el problema carcelario. Resaltó que es necesario invertir para ver los cambios en los centros de rehabilitación. Así mismo, pidió conocer un plan de acción a corto, mediano y largo plazo para solucionar la crisis.
La asambleísta Geraldine Weber, indicó que es necesario establecer una hoja de ruta, a fin de solucionar cada problema que se registra en este sector, mientras que el asambleísta Rodrigo Fajardo, comentó que es necesario transparentar la información de lo que sucede en los centros de privación de libertad para tomar acciones adecuadas.
La parlamentaria Marcela Holguín, preguntó cómo se puede dotar de tecnología si el presupuesto para el Sistema de Rehabilitación Social se reduce anualmente. Cuánto se necesitaría para controlar los centros, cuántos guías se están formando y en cuánto tiempo ya estarán entrenados, interrogó. La asambleísta Ana Herrera, cuestionó qué hacer para controlar el ingreso de drogas, armas de fuego y celulares.
Finalmente, el asambleísta Jorge Pinto, se refirió a la predisposición del Gobierno Central para encontrar soluciones concretas a la crisis carcelaria.
Respuesta oficial
El titular del SNAI, manifestó que el Presidente de la República nunca ha dicho que ha decretado un estado de excepción, sino que va a resolver la emergencia del sistema a través de una resolución que permite que los procesos administrativos sean ágiles.
Además, señaló que la crisis del país no permite una salida ideal, hay que buscar la solución posible con los escasos recursos. Así mismo reconoció que fue un error la eliminación del Ministerio de Justicia.
Lamentó el hacinamiento que viven las personas privadas de libertad y puso como ejemplo Quevedo, cuya capacidad es para 400 personas y en el lugar están 700. Respecto al incremento de guías penitenciarios, informó que el próximo año se implementarán 1000 guías con mejor preparación y mejores condiciones para cumplir su misión.
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