La ministra de Agricultura, Tanlly Vera, en 15 días será convocada ante el Pleno de la Asamblea Nacional, para que informe sobre la regulación y fijación de los precios de los productos agrícolas y pecuarios del país; así como, las políticas agropecuarias y el Plan de Contingencia frente a la crisis productiva y sanitaria que viven los agricultores, con la finalidad de verificar el trato justo y el respeto a los derechos constitucionales de todos los actores del sector económico del país. La moción del legislador Darwin Pereira tuvo el apoyo de 108 votos.
Pereira señaló que el agro ecuatoriano vive una de sus peores crisis y es oportuno que el Parlamento encuentre soluciones a la problemática que enfrentan. Para todos es conocido que no se paga el precio oficial al maíz, tampoco de la caja de banano, ni del litro de leche y hasta hoy no hay un solo exportador sancionado, dijo.
En el debate intervinieron 14 legisladores, quienes recordaron que el sector agrícola y ganadero por años han sido abandonados y se encuentran próximos a la quiebra, por el alto costo de producción, por lo que es hora de trabajar en minga para encontrar soluciones y alternativas para velar por estos sectores, por un lado, establecer normativas orientadas a su desarrollo; y, que las autoridades de turno establezcan políticas públicas para reactivarlos.
Dijeron que es necesario derogar el Acuerdo Ministerial 019, firmado el 23 de julio de 2021; que se suspenda el proceso de liquidación de la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA) y se reactive a este ente regulador o se encuentren alternativas frente a su cierre; se cumplan los controles y se apliquen las sanciones establecidas en el Código Orgánico Integral Penal.
Señalaron que Ecuador tiene una deuda pendiente con los agricultores y para fortalecer a este sector hay que abrir mercados internacionales, para que puedan incursionar e incentivar el uso de tecnología acompañado de líneas de financiamiento. Propusieron la eliminación de ciertas tasas arancelarias de insumos, semillas y bienes de capital para garantizar a los agricultores costos competitivos, además de concretar una racionalización tributaria.
Facilidades de pago
Así mismo, con 110 votos, el Pleno exhortará al presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, disponga al Servicio de Rentas Internas, que debido al estado de excepción decretado por la presencia de la variante Delta de COVID -19 en la provincia de El Oro, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales se incorpore facilidades de pago para los impuestos percibidos, retenidos y propios que se encuentren vencidos, firmes, ejecutoriados y/o pendientes de pago al mes de Julio del 2021, de los contribuyentes que tiene actividades económicas con jurisdicción tributaria en la provincia de El Oro.
La Comisión de Régimen Económico hará seguimiento y control de esta resolución planteada por el legislador Carlos Falquéz Batallas, quien dijo que la provincia de El Oro vive una emergencia porque varios negocios como restaurantes, hoteles y otras actividades han fracasado, por lo que solicitan que se posterguen por dos años el pago de las obligaciones tributarias al Estado. No queremos evadir ninguna responsabilidad fiscal, agregó.
Seis legisladores intervinieron en el tratamiento de este tema. Todos señalaron que es necesario encontrar solución al problema de los sectores productivos a nivel nacional, por tanto, el Gobierno debe establecer mecanismos para reestructurar las obligaciones y continuar con el trabajo. Respaldaron la moratoria de pagos al Servicio de Rentas Internas planteado a favor de la provincia orense.
JLVN/pv
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