Apoyar a los municipios en el desarrollo urbano de las ciudades y reducir el déficit habitacional, es la propuesta que dejó el ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Darío Herrera, en la Comisión de Gobiernos Autónomos, en el marco del análisis del proyecto de Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social.
El presidente de la Comisión, Celestino Chumpi, ratificó el compromiso de aprobar esta ley de manera prioritaria, con el fin de atender las demandas de los ecuatorianos más pobres, de pueblos y nacionalidades, y avanzar en la construcción de un país desde la diversidad.
El ministro Herrera sugirió ampliar el ámbito del proyecto, con el fin de abarcar a más de la vivienda de interés social, la vivienda de interés público y otros desarrollos inmobiliarios que también son generadores de empleo.
Así mismo, el Secretario de Estado considera que es necesario también resolver la falta de títulos de propiedad a nivel nacional y que la norma no se limite a tres cantones del país.
Darío Herrera sugirió cambiar la denominación del proyecto por Ley Orgánica de Hábitat y Vivienda, que permita al MIDUVI facilitar y ayudar a los municipios autónomos en el desarrollo urbano de sus ciudades, especialmente a los más pequeños que no cuentan con los recursos económicos para este fin.
La legisladora Patricia Sánchez explicó que la mesa trabaja en un proyecto para resolver la falta de titulación y regularizar de manera integral los asentamientos informales, para garantizar servicios públicos, a la vez resalto que la construcción de vivienda es un elemento que dinamizará la economía y generará fuentes de empleo.
El legislador Peter Calo manifestó que el proyecto tiene gran importancia para el país, a fin de garantizar una vivienda digna a los ecuatorianos, especialmente en la ruralidad.
Los parlamentarios acordaron que los equipos técnicos de la Comisión y del Ministerio de Vivienda, trabajen en la revisión de las nuevas propuestas e incorporarlas en el proyecto; solicitar al MIDUVI que en el plazo de siete días remita las observaciones ya sistematizadas y que un grupo de técnicos participe en el proceso de construcción de la ley.
PV