La mesa técnica de la Comisión del Derecho al Trabajo sesionó este miércoles para abordar temas relacionados con la vulneración de derechos laborales y constitucionales de los trabajadores de la salud y seguridad privada. Además, se recibió a representantes de colectivos ciudadanos, quienes aportaron con observaciones al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público.
La asambleísta Pamela Aguirre mostró su preocupación por el despido e inestabilidad laboral que están atravesando los trabajadores de la salud. Enfatizó que se debería atender a la salud de forma global, y precautelar los derechos laborales del personal médico y administrativo, ya que este último ha sido excluido de la recategorización de puestos.
Norma Auz y Washington Muñoz, representantes de los trabajadores administrativos de la salud, sostuvieron que han pasado cinco años y aún no se ha aplicado el manual de clasificación de puestos. “Salud no solo son médicos y enfermeras, somos todo el personal” enfatizó Auz al solicitar la comparecencia de los ministros de Salud y de Trabajo, para que expliquen la valorización, descripción y clasificación del personal administrativo acorde a la ley.
La seguridad privada fue otro tema tratado por la comisión. La legisladora, Johanna Ortiz, mencionó que los trabajadores están atravesando por una situación compleja de vulneración de derechos. Enfatizó que no cuentan con condiciones laborales adecuadas, lo que pone en riesgo la salud y vida de los servidores. En tal virtud, mocionó que la mesa legislativa reciba a los ministros de Trabajo, de Gobierno y de Finanzas; al Secretario de Administración Pública y Gabinete; Directora del Servicio Nacional de Contratación Pública; Jefe del Comando Conjunto de las FF.AA y a la Comandante de la Policía Nacional, para que expliquen las acciones ejecutadas para resolver la situación de este sector.
Reforma a la Ley de Servicio Público
La mesa legislativa recibió la opinión de expertos jurídicos y sociedad civil para el tratamiento del informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público.
Los juristas David Cedeño y Andrés Segovia, explicaron que las pensiones vitalicias a los expresidentes y exvicepresidentes de la República equivalen al 75% de la remuneración vigente, y que en la actualidad hay una nómina de 27 pensiones vitalicias y el Estado ecuatoriano paga mensualmente alrededor de un millón de dólares, según cifras del Ministerio de Finanzas y de la Presidencia de la República.
Por su parte David Cedeño, juez de la Unidad Judicial Laboral, informó que las pensiones vitalicias no nacen de una relación contractual y no se puede considerar como un derecho laboral y en el ámbito administrativo no existe una relación laboral con ningún organismo de Estado, por tal razón, no se fundamenta en una protección constitucional de forma directa, sino que nace de un decreto de ley.
Como aporte de la sociedad civil, se recibió a Andrés Mendoza, representante del Colectivo Ciudadano “Quinto Poder Somos Todos”, quien consideró que esta pensión vitalicia es un despilfarro de recursos y solicitó a la Asamblea su eliminación.
Finalmente la mesa legislativa decidió llamar a la ministra de Salud, Ximena Garzón, para que informe las acciones en relación a la situación de los contratos de los técnicos de atención primaria de salud.
KC/pv
