La Comisión de Justicia y Estructura del Estado sesionó este lunes en doble jornada con el fin de escuchar los criterios de profesionales de la salud en torno al proyecto de Ley Orgánica para Garantizar el Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en caso de Violación.
Ana Lucía Martínez profesional de la salud, expuso que la decisión de interrumpir el embarazo es voluntaria y se requiere garantizar que haya suficiente información basada en evidencia científica, respeto a los derechos humanos, para que las mujeres puedan tomar las mejores decisiones para su calidad de vida. Además, destacó que desde los Movimientos de Mujeres y la bioética se busca evitar que la violencia no se reproduzcan a través de una maternidad forzada y revictimización.
Por su parte, el médico Wilfrido León, tras insistir que la interrupción del embarazo es una decisión voluntaria y segura, afirmó que se necesita el involucramiento de todos los partícipes de esta circunstancia, así mismo, comentó que para aquellas víctimas de violencia sexual esta opción es una posibilidad de que las mujeres mejoren su calidad de vida dentro del sistema sanitario. Solicitó la ratificación de las normas de atención a las victimas de violencia y la atención integral del Ministerio de Salud Pública.
En la jornada vespertina, la Comisión recibió a expertos internacionales, quienes resaltaron que no es suficiente que las leyes despenalicen el aborto, sino también adoptar medidas apropiadas en todos sus ámbitos de acción para hacer plenamente efectivo el derecho a la salud y el acceso a este servicio en las mejores condiciones, que garanticen los derechos humanos de las gestantes.
Guillermo Ortiz, asesor médico senior, enfatizó que el aborto es seguro cuando se realiza con tecnologías adecuadas y apropiadas para la edad gestacional, bajo un acompañamiento con personal capacitado, con información suficiente e insumos adecuados, los mismos que disminuirán la tasa de mortalidad materna, en reducción de hospitalizaciones, ahorros para el sistema de salud, así como equidad social y reducción del estigma.
Por su lado, la especialista en diseño de Leyes, Fernanda Díaz De León, aseguró que la penalización del aborto afecta gravemente a la salud mental, pues la maternidad forzada y los embarazos no deseados revictimizan a las mujeres y causan daños a su salud mental durante y después del embarazo. Enfatizó la necesidad de contar con una Ley que garantice condiciones seguras que protejan la salud y vida de las mujeres.
Finalmente el presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro Jaramillo, solicitó a los expertos que remitan las observaciones por escrito, con la finalidad de ser tomados en cuenta para el tratamiento del informe para primer debate.
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