El asambleísta José Chimbo puso en consideración de la Asamblea Nacional un proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que busca constitucionalizar el Derecho Penal y mitigar los efectos del poder punitivo.
A siete años de vigencia del COIP es necesario atender varias exigencias y demandas actuales de los sectores involucrados y la ciudadanía en general, puesto que la dinámica cambiante demanda urgentemente el trabajar en una reforma a este cuerpo normativo y a su vez plantear la discusión sobre algunos aspectos, entre los más importantes, en materia de tránsito, afirmó el parlamentario.
Tras advertir que el COIP es un cúmulo sistematizado de normas jurídicas de carácter punitivo, es decir, un compendio que establece delitos, contravenciones y penas de conformidad con el sistema penal ecuatoriano, recordó que la Constitución de la República ordena que las penas estén acordes con el principio de proporcionalidad, es decir, debe existir cierta relación coherente entre el grado de vulneración de un derecho y la gravedad de la pena.
No obstante, advirtió que en la legislación penal ecuatoriana existen penas desproporcionadas, se fomenta el abuso del poder punitivo del Estado sancionador y se exacerban figuras delictivas que se contradicen con el Estado de derechos y justicia.
José Chimbo afirmó que las penas para muchos delitos son desproporcionadas, a la vez que sostuvo que la cantidad de la pena no puede ser un ejercicio ligero del azar, sino más bien el resultado de una estricta revisión tanto cualitativa como cuantitativa. “El principio de proporcionalidad de las penas no solo deviene como un ejercicio metodológico, sino también como una crítica en sí al Derecho Penal, en función del daño causado al bien jurídico protegido”, subrayó.
Con estos antecedentes, propuso un conjunto de reformas al Código Orgánico Integral Penal relacionadas con sanciones en materia de tránsito y seguridad vial, considerando que la Constitución debe garantizar la debida proporcionalidad entre infracciones y las sanciones penales.
Además, comentó que la sanción se la debe imponer en función del daño ocasionado, con respeto a los derechos de las personas y mediante procedimientos abreviados transparentes y justos.
PV
