En el marco de la sustanciación del juicio político planteado por los asambleístas Yeseña Guamaní y Ricardo Vanegas en contra del defensor del Pueblo, Freddy Carrión, la fiscal General del Estado, Diana Salazar, aseguró que la entidad persigue delitos, no personas y en el proceso que se sigue en contra de Carrión existen los elementos de convicción suficientes para determinar la existencia del delito de agresión sexual.
Ante la Comisión de Fiscalización y Control Político, la doctora Salazar indicó que el desacato al toque de queda del estado de excepción en que habría incurrido el Defensor del Pueblo es un agravante dentro del proceso penal. Añadió que la flagrancia fue confirmada por siete jueces que se han pronunciado en distintas oportunidades.
Sin dar más detalles, porque la ley prohíbe hacer pública la información, sobre el hallazgo de más de 46 mil dólares en poder del exministro de Salud, Mauro Falconí, Diana Salazar indicó que este dinero es parte de otra investigación que se desarrolla sobre la compra de pruebas para Covid-19.
De su lado, Tania Castillo defendió la legalidad de su nombramiento como vicedefensora y encargada de la Defensoría, luego que Freddy Carrión, en ejercicio de sus funciones, cesó en el cargo a Zaida Rovira. Sin embargo, no se le ha permitido ingresar a las oficinas, por lo que “la señora Rovira ha incurrido en el delito de usurpación de funciones”.
Henry Soria, excoordinador del Centro de Rehabilitación Social Masculino Pichincha 2, conocido como cárcel 4, reiteró que Freddy Carrión no tuvo autorización para el uso de dispositivos electrónicos de ningún tipo, ni ha hecho uso de medios digitales como consta de una declaración hecha de puño y letra del interno.
En horas de la tarde, la Comisión de Fiscalización recibió a Verónica Tene, Aimé Maza Valle y Sandra Rueda, exdelegadas de la Defensoría de Chimborazo, El Oro y Napo, en su orden, así como a Edmundo Vaca, funcionario de la Defensoría del Pueblo, quienes reiteraron que la cabeza de la institución es Fredy Carrión y que, en su reemplazo, está legalmente designada Tania Castillo.
Resaltaron el trabajo de la institución, que trabaja sin tiempo, 24/7, en defensa de los derechos humanos y de la naturaleza. A la vez, cuestionaron el proceso penal que se sigue en contra de Carrión, quien ha sido un Defensor de territorio, no de escritorio.
De su lado, tanto los interpelantes, cuanto los miembros de la Comisión de Fiscalización, recordaron que el proceso político se refiere al presunto incumplimiento de funciones del Defensor del Pueblo y no tiene nada que ver con el proceso penal que se sigue en las instancias judiciales del país.
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