La Comisión de Justicia y Estructura del Estado recibió a representantes de varios colectivos ciudadanos que presentaron sus observaciones al proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Caso de Violación, desde una perspectiva interseccional y feminista.
Gabriela Gómez, de la agrupación Wambra, Medio Digital Comunitario, tras demandar respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y mujeres, expuso los aportes elaborados durante tres meses de trabajo y reflexión, para atender a las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, temas que aspira sean tomados en cuenta en el proyecto.
Enfatizó que la violencia a sexual es una realidad que afecta a niñas, adolescentes y mujeres en su condición de vida y salud, a la vez que expresó su preocupación porque el 80% de casos de abuso sexual se da en el entorno familiar y que 2.181 niñas cada año son forzadas a la maternidad, todas ellas víctimas de violación.
También advirtió las deficiencias en los servicios de salud y de justicia para atender a las mujeres víctimas de violación, temas en los que se debe trabajar para evitar la revictimización y prevenir la violencia de todo tipo. “Queremos reparación, que no se criminalice el aborto; creemos que la educación es fundamental para prevenir y erradicar la violencia sexual”, enfatizó, al señalar que también se requiere cambiar los patrones de atención por parte de los servidores de salud y de justicia, de modo que sean atendidas de manera cálida, humana e integral.
De su lado, Maritza Gamboa, del Colectivo Ana de Peralta, se refirió a la necesidad de trabajar en prevenir la violencia y respetar los derechos de las mujeres, a fin de garantizar una vida libre de violencia. En ese contexto respaldó el proyecto de Ley que Garantiza Interrupción Voluntaria del Embarazo en caso de Violación. “El aborto ha existido, existe y existirá; 21.631 mujeres han sido atendidas por aborto en el sistema de salud; 180 mujeres mueren al año por embarazo, parto y posparto”, aseguró, al señalar que las mujeres deben decidir si desean o no continuar el embarazo producto de un acto atroz como es la violación.
Además, aseveró que un alto porcentaje de mujeres violadas fueron madres cuando eran niñas, de ellas el 73.6% tenía educación básica, el 25 obtuvo el bachillerato y ninguna logró un título de tercer nivel.
Martina Pérez, del Observatorio Juvenil del Azuay, sugirió poner énfasis en la prevención y un aspecto fundamental es la educación sexual integral, a la vez que advirtió que niñas, adolescentes y jóvenes son sometidas al silencio, a la clandestinidad, estigmatización y a la criminalización por decidir la autoderminación de sus cuerpos y sus vidas. También propuso que en el análisis de la normativa se consideren las diversas condiciones de vulnerabilidad a las que están expuestas y que el aborto es solamente una parte de la salud sexual y reproductiva.
En la sesión participaron también representantes de los colectivos Mama Zamba y Guambras Verdes, quienes se refirieron a la necesidad de brindar apoyo médico, psicológico a las víctimas de violación y fortalecer la educación sexual y reproductiva.
PV
