Los derechos de mujeres indígenas en lugares remotos o alejados, impunidad en delitos sexuales y las implicaciones de la violencia sexual, y el embarazo forzado por violación en la salud mental de niñas y adolescentes, fueron temas analizados por la Comisión de Justicia con la presencia de expertas nacionales e internacionales, en el marco del debate del proyecto de Ley para Garantizar el Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Caso de Violación.
María Espinosa, abogada de Amazon Front Line, analizó la situación de mujeres, niñas, adolescentes y personas en capacidad de gestar en contextos remotos. Allí, afirmó que son preocupantes los niveles de violencia a mujeres en contextos de frontera y en lugares remotos, porque la mayoría de ellas no denuncia, los sistemas de justicia (Fiscalía, Policía y operadores de justicia) están alejados de su entorno y no prestan garantías de protección. También indicó que las víctimas de violencia no tienen acceso a los servicios de salud.
Reveló que en Ecuador 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia en zonas remotas, de ellas el 67% se autoidentifican como indígenas, al tiempo que señaló que la violencia sexual es incrementada para los grupos poblacionales que tiene relación con pobreza y exclusión social.
Advirtió que solo el 10% de casos de violación se conoce y apenas el 0.3% son denunciados por mujeres en zonas remotas, a la vez comentó que la ley debe proteger la salud y los derechos humanos de las niñas, adolescentes mujeres y personas con capacidad de gestar.
De su lado, Estefanía Chávez, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, especialista en Género y Antropología Legal, se refirió a las barreras que enfrentan las víctimas de violación sexual para acceder al sistema judicial. También, se refirió a las acciones que se requieren para que no haya impunidad en delitos sexuales.
Expresó que estas barreras que limitan el acceso a servicios pueden afectar los derechos de las mujeres, víctimas de violencia psicológica, manipulación y un ejercicio abusivo en su relación con sus parejas, a más de que son obligadas a llevar a termino un embarazo no deseado.
Aseveró que las mujeres que han buscado interrumpir su embarazo han sido víctimas de agresión psicológica y sexual y que en el caso de que existan casos de mujeres judicializadas por aborto, la justicia debería tener fiscales especializados en violencia de género.
Por último, Graciela Ramírez, psicóloga experta en acompañamiento a niñas y mujeres víctimas de violencia sexual, analizó las implicaciones de la violencia sexual y el embarazo forzado producto de violación en la salud mental de niñas y adolescentes. “Es importante luchar por los derechos de niñas y de mujeres”, subrayó.
Al presentar testimonios de niñas que han sido violadas y obligadas a llevar a término un embarazo no deseado, afirmó que la violación es una experiencia traumática con efectos y secuelas psicológicas permanentes y graves a lo largo de la vida de las víctimas. Manifestó que la violación y el embarazo no deseado es uno de los factores de las conductas suicidas.
PV
