Representantes de la sociedad civil, autoridades locales y organizaciones sociales, destacaron el trabajo de la Comisión de Biodiversidad, al abrir espacios de participación y diálogo para exponer planteamientos que nacen en territorio, sobre temas de la Amazonía y de la actividad minera. En la ciudad de Puyo, provincia de Pastaza, donde se socializó el alcance y objetivos de las reformas a la Ley de Minería y a la Ley de la Circunscripción Especial Amazónica.
Yajaira Curipallo, de la Defensoría del Pueblo de Pastaza, subrayó la necesidad de establecer la institucionalidad a cargo del control minero, determinando con claridad las acciones que debe ejecutar, con enfoque claro de protección de la naturaleza; así como regular la consulta previa, libre e informada a pueblos y nacionalidades; y que la Defensoría pueda realizar visitas de verificación sobre protección de derechos humanos y de la naturaleza.
Entre tanto, Byron Samaniego, representante del sector minero de Pastaza, presentó 18 observaciones. Dijo que se debe establecer lineamientos básicos para controlar y ejecutar las actividades mineras, de manera técnica, así como la necesidad de determinar una política pública clara por parte del gobierno, para el desarrollo productivo del sector minero, generando seguridad jurídica, permisos para la realización de la pequeña y mediana minería, tomando en cuenta el comercio justo con enfoque de desarrollo para acceder a mercados formales.
El asambleísta Elías Jachero, explicó el contenido de las reformas a la Ley Amazónica de su autoría y destacó el enfoque del proyecto presentado por la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori Abarca. Habló de la sanción penal para quienes manipulen cifras de la producción petrolera; sanción pecuniaria a quienes irrespeten el empleo preferente y que, del 70% de mano de obra local, al menos el 10% sea para personas de pueblos y nacionalidades residentes de la región; transparencia en el manejo de recursos económicos; entre otros aspectos.
Para Javier Carrillo, coordinador del Consorcio de Gobiernos Amazónicos, el Consejo de Planificación y Desarrollo de la CTEA, debe estar conformado por residentes de la Amazonía; que la Secretaría Técnica de la Amazonía realice asistencia técnica a los gobiernos provinciales; determinar créditos preferentes con tasas de interés al 5% para emprendimientos. En cambio, Óscar Sarmiento, en representación del alcalde del cantón Pastaza, pidió incluir las competencias concurrentes que tienen los gobiernos municipales para presentar proyectos, a fin de articular el trabajo con todos los sectores.
Ramiro Guadalupe, presidente del Conagopare de Pastaza, dijo que en la Amazonía se debe aplicar el régimen especial; no permitir que la Secretaria Técnica de la CTEA se convierta en el execorae; transparentar la explotación petrolera. Así mismo, Cristina Vargas, en representación de la red de mujeres amazónicas, propuso que en la normativa se establezcan recursos para erradicar la violencia hacia este sector en las seis provincias amazónicas; mientras Wellington Vásquez, presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial 10 de Agosto, pidió revisar el porcentaje de distribución de recursos, para que los gobiernos parroquiales puedan mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.
Jaime Guevara, prefecto de Pastaza, planteó definir los criterios y lineamientos de distribución del Fondo Común para que no sea caja chica; establecer las competencias concurrentes para el mantenimiento de pistas; y, que el 100% de recursos que ingresan a la Amazonía sean invertidos en proyectos y no en gasto corriente.
Igualmente, Verónica Inmunda, dirigente de Juventudes de la CONFENIAE, pidió que en las reformas a la Ley Amazónica se incluya la consulta previa, libre e informada, establecer gobiernos de régimen especial con identidad cultural, así como, alternativas de desarrollo como bioconocimiento para generar emprendimientos con visión plurinacional y multicultural; y, Carlos Garcés, presidente de la Casa de la Cultura de Pastaza, indicó la necesidad de asignación de recursos para explotar la riqueza y talento de artistas y gestores culturales de este sector.
David Sancho, rector de la Universidad Estatal Amazónica, sugirió que en la ley, no solo se establezca la creación de las cuatro universidades amazónicas, sino también la sustentabilidad. Por tanto, el 25% del Fondo Común debe destinarse para educación; en cambio, Narciza Sánchez, activista ambiental solicitó la inclusión de créditos preferentes para sectores campesinos, así como de pueblos y nacionalidades amazónicas.
De su lado, William Heredia, presidente de la Federación Deportiva de Pastaza, solicitó establecer un porcentaje del 3% para las Federaciones Deportivas provinciales, para impulsar el deporte formativo. Sergio Castillo, del gobierno descentralizado del cantón Montalvo, dijo que la región oriental es un territorio especial, por tanto debe tener la categoría de régimen especial con una ley exclusiva para la Amazonía.
Marco Andino, representante de la comunidad Kishwa Pastaza, solicitó revisar el contenido del artículo 61 a fin de que se incluya presupuesto para las nacionalidades indígenas; y que pueblos y nacionalidades sean actores directos del manejo eficiente de las áreas protegidas que están en el Parque Nacional Yasuní. Por su parte, Bolívar Guamán, de la sociedad civil, solicitó revisar el contenido de los proyectos de reformas a la Ley Amazónica a fin de que estén enmarcadas en la norma constitucional.
El presidente de la Comisión de Biodiversidad, Washington Varela, agradeció la participación de los representantes de colectivosl, autoridades locales y organizaciones sociales, al dar sus observaciones a las reformas a la Ley de Minería y a la Ley Amazónica.
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