La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por el asambleísta Alejandro Jaramillo, desarrolló el taller-conversatorio de difusión y discusión de los nudos críticos del proyecto de Ley para Garantizar el Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Caso de Violación, presentado por la Defensoría del Pueblo.
Alejandro Jaramillo recordó que esta iniciativa responde a un dictamen de la Corte Constitucional, que estableció la necesidad de una regulación en esta temática. Para la discusión del informe para primer debate, dijo que se han desarrollado 15 sesiones en las que han participado 47 invitados de varias organizaciones, colectivos, expertos, analistas, médicos y científicos. Destacó que los nudos críticos detectados en el proyecto de Ley son: temporalidad, en cuanto a los requisitos establecidos en el artículo 28 del proyecto y la objeción de conciencia.
Tras su exposición, la mesa dio paso a comisiones generales. En tal sentido, intervino Cecilia Medina, directora Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Salud Pública, quien indicó que el mayor número de solicitudes de interrupción del embarazo, que tiene el Ministerio es de niñas, no de mujeres adultas. A la vez, sostuvo que la Secretaría de Estado ya aplica la sentencia de la Corte Constitucional.
Remarcó que, aparte de los nudos críticos expresados por Jaramillo, es necesario una norma general o transitoria en la que se obligue al sistema de justicia a capacitarse en la sentencia. Aseguró que ya existe un primer caso de criminalización a médicos que están aplicando la sentencia emitida por la Corte.
Así mismo, pidió reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), en el tema de estupro y que se analice la temporalidad para el proceso de aborto, porque hay mujeres que conocen de su embarazo de forma tardía. Sugirió que en las disposiciones transitorias se considere el período de un año para la elaboración de guías prácticas y metodológicas para abordar esta temática. Además, indicó que el proyecto debe cuidar a las víctimas y no revictimizarlas, a la vez, debe proteger a los equipos de salud.
La asambleísta Esther Cuesta pidió a la Comisión incorporar en el proyecto, la Ley Micaela (de Argentina), adaptándola a la realidad ecuatoriana. Esta consiste en capacitar, de forma obligatoria, a todas las funciones del Estado sobre violencia de género.
Por su parte, Juan Sebastián Baquero, asesor de la Corte Constitucional, hizo un recuento sobre la sentencia emitida por la institución. Agregó que la Corte analiza la violación como una de las máximas expresiones de violencia contra la mujer que repercute en su integridad personal.
En su intervención, también, analizó el derecho a la igualdad y no discriminación en mujeres violadas con discapacidad y sin ella. Remarcó que el delito de violación tiene como base la falta de consentimiento de la víctima. Es irrelevante la distinción, pues independientemente de su capacidad mental nunca habrá consentimiento. Enfatizó que ninguna mujer podrá ser criminalizada por aborto consentido en caso de violación.
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