La Comisión de Garantías Constitucionales escuchó los criterios de representantes de varias asociaciones sobre el proyecto de reformas a la Ley de Apoyo Humanitario. Pedro Granja, abogado patrocinador de la Asociación Ecuatoriana de Medicina Familiar y Comunitaria, señaló que por el incumplimiento del artículo 25 de este cuerpo legal, miles de personas que estuvieron en la primera línea de atención a los pacientes de Covid-19 aún no reciben sus respectivos nombramientos.
Señaló la necesidad de asignar los fondos para la seguridad sanitaria en el Ecuador y la ayuda pública para los trabajadores sanitarios.
La legisladora Fernanda Astudillo expresó su apoyo al sector salud de medicina familiar, para que sean incluidos en el personal que espera su nombramiento que garantice estabilidad laboral.
Por su parte, Mónica Vega, del distrito Durán, indicó que varios médicos han sido vulnerados en sus derechos, lo que fue denunciado ante la entidad correspondiente y la Ministra de Salud, sin que hasta el momento tengan respuesta alguna. Solicitó realizar una auditoría, a la vez reiteró que personal que atendió durante la pandemia, en lugar de recibir sus nombramientos, han sido despedidos.
Danny Choez, representante de los técnicos de atención primaria (TAPs), tras indicar que trabajaron en primera línea ayudando a los enfermos de Covid-19, advirtió que se vulneran sus derechos, ya que no se les reconoce como profesionales, pese a que la Senescyt y el Ministerio de Trabajo certificaron que tienen título del tercer nivel. Solicitó que se garanticen sus derechos a la estabilidad laboral y el reintegro a sus labores a quienes han sido despedidos.
En cambio, Miguel Ángel Crespo, de RE Acción Ecuador, coincidió que no se cumple la Ley de Apoyo Humanitario y se han vulnerado los derechos de los profesionales de la salud, mientras que Verónica Chávez presentó un análisis estadístico de cómo se ha llevado adelante el proceso para la entrega de nombramientos, que en algunos casos se lo hizo a conveniencia. Dijo que hasta el momento solo se ha cumplido el 30% de lo ofrecido en cuanto al cumplimiento de la ley.
Sandra Vásquez dijo que frente a las inconsistencias en la entrega de nombramientos y la vulneración de derechos se vieron obligados a presentar acciones de protección. Sugirió modificar el artículo 25 de la Ley de Apoyo Humanitario, a efectos de establecer un límite de tiempo para el derecho de nombramiento.
El Legislador Jhonny Tapia indicó que conmueve la situación que atraviesa el personal de salud, más aún cuando se quiere reducir el presupuesto para este sector. Dijo que la Comisión estará vigilante que se respeten los derechos de los profesionales de la salud y de allí la importancia de revisar todos estos casos, para corregir la normativa.
El presidente de la Comisión, Fernando Cabascango, agradeció la exposición de la problemática que enfrentan los profesionales de la salud y la entrega de observaciones que servirán de insumos para construir las reformas a la Ley de Apoyo Humanitario.
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