El Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas en Movilidad Humana desarrolló un foro sobre la nueva ola migratoria hacia Estados Unidos y México, realidad que afronta un importante porcentaje de compatriotas, en busca de un mejor nivel de vida para ellos y sus familias.
La legisladora Mónica Palacios, representante de la circunscripción de Estado Unidos y Canadá, recordó que ninguna persona migrante quiere dejar a su familia por el simple hecho de salir del país, pues la migración es una respuesta a un conjunto de condiciones económicas y sociales que obligan a muchos ecuatorianos a abandonar su país, en busca de oportunidades que les han sido negadas por el Estado ecuatoriano.
De su lado, la socióloga Toa Maldonado, quien conoce la realidad de la situación migratoria de México, como medio de tránsito hacia los Estados Unidos de América, explicó que en la gran mayoría de los análisis del fenómeno migratorio se consideraba a la población de centroamércia y, desde hace algunos años, sobre todo desde 2018, cuando se eliminó el visado para los ecuatorianos, se toma en cuenta el flujo de connacionales hacia la nación mexicana.
Explicó que el 80% de los ecuatorianos que buscan llegar a Estados Unidos proviene de provincias como Azuay, Cañar y Chimborazo, pese a que estas travesías irregulares exponen a diversos riesgos, entre ellos, secuestro, extorsión, robo, violación o asesinato.
Indicó, además, que pese a esos riesgos, hay compatriotas que intentan varias veces llegar al sueño americano, con el supuesto apoyo de los coyoteros, a quienes pagan valores entre 3.000 y 20.000 dólares, dependiendo de la vía que se utiliza, si es terrestre, aérea o por mar, siendo este último medio el más peligroso. Esto genera varios problemas como deudas con los bancos, cooperativas, con el “chulco”, entre otros
La experta dijo que hacen falta políticas públicas que permitan el desarrollo de los sectores menos favorecidos de la población, para mejorar su calidad de vida.
Ángel Maita coincidió con estas apreciaciones y recordó que, precisamente, este Grupo Parlamentario buscará desde la Legislatura propiciar aquellas políticas públicas que beneficien a las personas en movilidad humana.
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