La participación ciudadana es vital para la construcción de leyes. Así lo expresó el asambleísta Francisco Jiménez, presidente de la Comisión Ocasional de Enmiendas Constitucionales antes de dar inicio al foro ‘Régimen Especial de Galápagos’.
Esta mesa legislativa está encargada de llevar adelante la propuesta de enmienda constitucional presentada por el exasambleísta Washington Paredes, que modifica la forma de designación de la principal autoridad del Consejo de Gobierno de Galápagos.
En ese marco, la Comisión recibió a Alberto Andrade, representante del Frente Insular, quien sostuvo que se requiere el fortalecimiento de las instituciones para solucionar los problemas económicos, sociales y culturales de Galápagos.
Resaltó que si bien tener un representante elegido por votación popular suena cautivante, hay que considerar que quien define la política pública es el Ejecutivo, por lo tanto, en una población tan pequeña cortar el “cordón umbilical” sería caotizar la provincia. Indicó que en el Consejo de Gobierno sí están representados los municipios y las juntas parroquiales.
José Luis Herrera, coordinador de la Junta Provincial de Galápagos, señaló que es necesario descentralizar el poder dentro de la provincia. Remarcó que no pueden tomar decisiones trascendentales, porque no tienen mayoría en el Pleno del Consejo de Gobierno, pues hay cinco representantes del Ejecutivo y cuatro de la provincia. Sostuvo que es la única provincia sin autonomía de decisión.
Peter Freire, representante del sector turístico, manifestó que con el Consejo de Gobierno la provincia perdió gobernabilidad. Remarcó que al no haber prefectura, la obra pública ha sido descuidada y el manejo de las Islas “un desastre”. Pidió que quien dirija la provincia sea electo por votación popular. Así mismo, comentó que debería existir un Gobernador para que no se pierda el vínculo con la Presidencia de la República.
Raúl Salazar, vicepresidente de la Asociación de Servidores Turísticos de Pesca Vivencial ¨León Dormido¨, coincidió que los habitantes tienen derecho a elegir a sus autoridades y tener autonomía administrativa.
Arturo Izurieta, exdirector del Parque Nacional Galápagos, indicó que un representante designado directamente por el Presidente de la República, garantiza un lazo directo para la adopción de medidas económicas y sociales. Señaló que sí hay participación ciudadana en cuanto a elección popular, pues eligen alcaldes, representantes de juntas parroquiales y asambleístas.
Alfredo Ortiz, representante del sector hotelero, está en desacuerdo con la actual designación del Consejo de Gobierno. Negó que quienes presiden la institución sean el nexo directo con la Presidencia de la República.
La vicepresidenta de la Comisión, Isabel Enríquez, consultó a Ortiz, qué beneficios traería la aprobación de la enmienda, a lo que Ortiz respondió que al ser elegidas las autoridades por la población velarían directamente por los habitantes de Galápagos.
El presidente de la Comisión, Francisco Jiménez, agradeció las exposiciones y se comprometió a que los criterios emitidos durante el foro sean considerados en el informe final que emita la mesa.
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