La Comisión de Garantías Constitucionales, receptó observaciones de la Asociación de Especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria; Ministerio de Educación; Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) y de la Agencia Nacional de Tránsito, quienes destacaron la importancia de reformar la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario.
El médico familiar Alexis Tapia señaló que luego de un año de aplicación de la ley no han recibido ningún beneficio por parte del Ministerio de Salud. Andrés Amaya, de la Asociación de Especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria, planteó que se interprete la disposición transitoria séptima de la ley, a fin de que sea favorable para todos los trabajadores de la salud que atendieron a pacientes de Covid-19.
El legislador Jhonny Tapia destacó la participación de los profesionales de la salud y señaló que se debe cumplir los derechos de todo el personal que ha trabajado en la pandemia.
Por su parte, Francisco Chávez, coordinador de Asesoría del Ministerio de Educación solicitó clarificar el artículo 3 respecto de la rebaja del 50% en las pensiones educativas a los alumnos de las instituciones particulares, fiscomisionales o municipales, en el sentido de que se aplicará en caso de pérdida de empleo, haber perdido a un familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad por Covid-19, o la reducción de ingresos.
La legisladora María Fernanda Astudillo solicitó al funcionario del Ministerio de Educación envíe a la mesa legislativa el listado de estudiantes que han recibido el 25% de rebajas en las pensiones educativas. Francisco Chávez, se comprometió a enviar la información a la mesa legislativa.
De inmediato, Luis Cuji, delegado de Senescyt, señaló que para que la ley de Apoyo Humanitario logre su objetivo, es necesario separar por acápites o artículos a la educación básica y media, de la educación superior, en virtud, de que en la Ley de Apoyo Humanitario el tema consta en un solo cuerpo, lo cual genera conflictos en su aplicación, más aún cuando se debe tomar en cuenta la autonomía universitaria.
Por su parte, Rafael Dávalos, de la Senescyt, recordó que el artículo 77 de la Ley de Educación Superior prevé la entrega del 10% de becas; la Ley Humanitaria vigente incrementa al 20% y a través de las reformas a esta Ley se pretende aumentar a un 25%. Además, sugirió invitar a representantes de las instituciones de educación superior, a fin de que den sus observaciones respecto del aumento del 25% de becas.
Al referirse a la necesidad de promover la educación en modalidad virtual, dijo que debe ampliarse el espectro a otras modalidades como por ejemplo la híbrida o a distancia.
Entre tanto, Juan Manuel Aguirre y Sebastián Laso, de la Agencia Nacional de Tránsito, reflexionaron sobre el artículo 14 de la Ley, en torno a la suspensión de la matriculación y revisión vehicular, recordaron que el objetivo central de este procedimiento es el de salvar la vida de toda persona, por tanto, al terminar el estado de excepción, en el 2021 se procedió con la reactivación de este servicio.
Pretender que se suspenda nuevamente la revisión vehicular cuando falta tres meses para concluir el 2021 no es viable, porque varios contribuyentes ya han pagado su revisión técnica mecánica y matriculación. En este marco, para no violentar el principio de igualdad, sugirió que se lo haga a partir del 2022, para que todos estén en las mismas condiciones.
El presidente de la Comisión, Fernando Cabascango, agradeció a los participantes sus observaciones al proyecto de reformas a la Ley de Apoyo Humanitario e indicó que los insumos serán considerados en la preparación del informe para primer debate.
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