La Comisión de Gobiernos Autónomos intensificó el estudio del proyecto de Ley para la Provisión de Servicios de Telecomunicaciones, principalmente en los sectores rurales del país, que tiene como objetivo crear herramientas para garantizar el acceso de la ciudadanía a la conectividad y servicios de telecomunicaciones.
Para el efecto, escuchó los criterios de Patricia Falconí y Diego Ocampo, subsecretaria y asesor Jurídico del Ministerio de Telecomunicaciones respectivamente, así como de Eduardo Sánchez, coordinador Técnico de Regulación de Arcotel.
Patricia Falconí destacó la apertura para trabajar en conjunto para que los ecuatorianos puedan mejorar la conectividad en todo el país, en especial en aquellas zonas que han sido excluidas o no han sido consideradas en el despliegue de los servicios.
Expresó que es necesario dictar la normativa legal para asegurar que los avances de la tecnología permitan ampliar la cobertura y mejorar la conectividad. Señaló que han avanzado mucho en el tema, pues se han incorporado 14 nuevas parroquias, con el apoyo de la empresa privada y proyectos de conectividad gratuita a través de puntos wifi.
La delegada del Ministerio de Telecomunicaciones consideró necesario que los GAD tomen una mayor participación y relevancia frente al despliegue de infraestructura, ya que al momento existen algunas barreras por parte de los gobiernos locales.
“Hoy tienen muchas barreras que no van por la falta de infraestructura y normativa, sino por las ordenanzas emitidas por los GAD que establecen barreras, como tasas altas, requisitos que no corresponden al despliegue de la infraestructura y otras limitaciones”, señaló Falconí.
También, expuso sus observaciones al proyecto en temas como contratos de adhesión, prestaciones de los servicios, bienes de dominio público para generar un mayor despliegue de infraestructura, sin encarecer sus costos. Así mismo, expresó su preocupación porque telecomunicaciones tiene una alta carga tributaria, equivalente al 49 % de su ingreso anual, lo que encarece el servicio.
Por su lado, Diego Ocampo, asesor Jurídico del Ministerio de Telecomunicaciones, ratificó el compromiso de contribuir a mejorar la normativa del sector, para modernizar las telecomunicaciones.
A su vez, Eduardo Sánchez, coordinador Técnico de Regulación de Arcotel, afirmó que el proyecto debe estar orientado a fomentar el despliegue de infraestructura y asegurar la prestación del servicio en el sector rural. Además, sostuvo que la normativa establece condiciones para los contratos de adhesión que están debidamente regulados, lo que facilita el control por parte de Arcotel y permite a los prestadores brindar los servicios de manera ágil a la ciudadanía.
Otro tema
En otro orden, la Comisión recibió a Anabel Lalvay, representante del Consejo de Comunidades Rurales y Urbanas del Azuay, quien se refirió a la implementación de los Programas de Desarrollo y Ordenamiento Territorial por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Anabel Lalvay expuso las dificultades que enfrentan los GAD para elaborar estos planes, los mismos que deben guardar coherencia con los presupuestos y las competencias, con el fin de resolver conflictos de la sociedad, como la desnutrición infantil y violencia de género.
El presidente de la Comisión, Celestino Chumpi, explicó que oportunamente recogió las inquietudes y propuestas de diversos gobiernos locales para resolver las dificultades que han experimentado en este tema y que con esa base preparó un proyecto de ley que se debate en la mesa legislativa.
PV
