El Comité de Ética continuó esta tarde el proceso en contra de la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Bella Jiménez. Su abogada defensora, Andrea Sánchez, pidió al Comité que no considere como prueba el peritaje de audio y video presentado por el legislador Alejandro Jaramillo, argumentando que se violentó la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal que impide la libre circulación de información acerca de datos de carácter personal y la que provenga de comunicaciones personales cuya difusión no haya sido autorizada expresamente por su titular o por un juez.
Así mismo dijo que no implica ningún delito el que Simón Peláez, hijo de la asambleísta Jiménez, reciba un préstamo de Pablo Luna, por 3 mil dólares, para pagar sus estudios. Además, comentó esa deuda ya fue cancelada.
En otro aspecto, señaló que la materialización de las páginas web que publicaron la información en contra de la legisladora Jiménez no constituyen pruebas y que para ser valoradas como tal debían tener un soporte informático.
Sánchez indicó que a través de las pruebas testimoniales y documentales se demostró que la legisladora jamás incurrió en las prohibiciones establecidas en el artículo 163, numerales 3 y 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), esto es, gestionar cargos públicos o percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos.
Finalmente solicitó al Comité de Ética que en su informe se proceda conforme a derecho y se emita un informe de archivo por falta de pruebas y por presunción de inocencia.
El presidente del Comité de Ética, Segundo Chimbo, indicó que el ente legislativo dio el derecho a la defensa y al debido proceso. Resaltó que al cumplirse la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el reglamento del Comité de Ética respecto a la práctica de pruebas da por terminada la audiencia.
En ese marco, señaló que, tras los argumentos escuchados, el Comité construirá un informe que será puesto en consideración del Pleno de la Asamblea.
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