La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, previo a la elaboración del informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica para Garantizar el Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en caso de Violación, receptó las observaciones de expertos en materia de salud.
La abogada María José Machado, representante de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, planteó la reparación integral de derechos de las víctimas de violencia sexual que sufren embarazos forzados y deciden interrumpir para continuar con sus proyectos de vida.
Sostuvo que medicamentos como misoprostol y mifepristona ayudan en la disminución de la morbimortalidad con una aprobación y prescripción adecuadas. Para ello solicitó que se considere dos clases de medicamentos básicos en el proyecto de Ley, para que el Ministerio de Salud Pública garantice el aborto seguro.
Por su parte, la activista social Grace Quelal mostró su preocupación porque, según datos del INEC, en 2018 se registraron 2089 nacidos vivos de madres entre los 10 y 14 años. Por tal motivo, solicitó que el Estado brinde los servicios que incidan en la calidad de vida de quien voluntariamente decida interrumpir el embarazo luego de una violación, que garantice su salud física y mental, a la vez que insistió que a una niña embarazada producto de una violación no se le puede obligar a ser madre.
Desde el punto de vista médico, Estefanía Espín, biotecnóloga de la Escuela Superior Politécnica del Ejército, manifestó que las decisiones de salud pública deben estar basadas en la evidencia científica disponible, que incluye los estudios de calidad, ciencia de calidad, mas no en la ideología individual.
Comentó que la penalización actual del aborto, no sanciona el delito, sino el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y su salud sexual y reproductiva.
Esteban Ortiz, médico investigador especializado en salud pública y salud global, señaló algunas cifras importantes referentes a la salud: cada minuto se registran 255 nacimientos a nivel mundial, 80 millones de embarazos no son planificados y no deseados, 1 de cada 2 de ellos se interrumpen antes del nacimiento, lo que representa más de 41 millones de abortos cada año y que el 86% de muertes se produce por los abortos inseguros en países en desarrollo.
Aseguró que las mujeres rurales son las que más tienen problemas de salud en el país, pues al no existir un centro de salud en las comunidades cercanas buscan la ayuda en el sector urbano, donde corre riesgo la vida de las pacientes.
Finalmente, la presidenta encargada de la Comisión, Dina Farinango, puntualizó que se encuentran trabajando junto con la sociedad civil en la construcción de una ley que beneficie a todos los ecuatorianos y ecuatorianas.
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