La Comisión de Biodiversidad se reunió en la provincia de Orellana, para escuchar a las autoridades, representantes de la sociedad civil y organizaciones sociales, quienes dieron sus puntos de vista sobre las reformas a la Ley Amazónica. En esta reunión, exigieron se respete la mano de obra preferente por parte de empresas privadas e instituciones públicas, por lo que solicitaron establecer sanciones para quienes incumplan la ley.
La asambleísta Mariuxi Sánchez, de la provincia de Orellana, señaló que la Ley Amazónica debe ser una herramienta de justicia y restitución de derechos a las seis provincias de la región, por tanto, conviene una ley integral que permita a todos vivir mejor. Respecto del empleo preferente dijo que se debe garantizar la equidad de género, es decir, 50% de mano de obra para hombres y 50% para mujeres.
Eduardo López, presidente ejecutivo de Sertepec, propuso la conformación de encadenamientos productivos que garanticen el desarrollo de proveedores locales amazónicos, a fin de convertir a la Circunscripción en un polo industrial de ciencia y tecnología.
Yaren Espinoza y Óscar Torres, presidentes de las mesas de trabajo de la provincia de Orellana y del cantón Aguarico, respectivamente, exhortaron a las empresas públicas y privadas cumplan con la contratación de profesionales de la región. Con este fin, sugirió establecer mecanismos de control social con veedurías ciudadanas; mientras que Rafael Yumbo, en representación de la nacionalidad Kichwa, dijo que se debe garantizar la contratación de mano de obra para pueblos y nacionalidades.
Romel Quiñónez, presidente de la mesa de trabajo de la parroquia Dayuma, planteó sanciones más fuertes para quienes incumplan la ley, respecto del empleo preferente y en cuanto a la distribución del Fondo de Desarrollo Sostenible, señaló que es inequitativo para los gobiernos autónomos parroquiales, por lo que solicitó analizar este distributivo.
Ana Misquero, presidenta de la mesa de trabajo del cantón Orellana, dijo que en la vigente ley Amazónica hay vacíos que impiden su aplicación efectiva. Por ello, solicitó realizar auditorías. Héctor Llerena, presidente de la Asociación de Acuacultores de Orellana señaló que el sector no cuenta con fuentes de empleo. Pidió que en la ley se tome en cuenta el crédito preferente para los acuacultores.
Patricio García, responsable de la oficina de la Secretaría Técnica Amazónica de Orellana, propuso establecer acciones afirmativas para apoyar a las empresas de la localidad. Por su parte, Adriana Santos, responsable de la Delegación de Orellana del Ministerio de Ambiente, precisó que la ley debe fortalecer la seguridad de las zonas intangibles.
Luis Toinga, de la empresa MEGARMI, al sostener que su trabajo se enfoca en la exploración y explotación minera, precisó que cumplen las normas ambientales y dan trabajo en función de las necesidades. Julio Pozo, en representación del Ministerio de Agricultura, indicó que los recursos que ingresan a la Amazonía deben ser utilizados de manera eficiente para solucionar los problemas de los ciudadanos.
Mónica Guevara, de la Red de Mujeres Amazónicas, al dar cifras de violencia contra mujeres de la región, señaló la urgencia de incluir en la Ley Amazónica recursos para erradicar la violencia en contra el sector femenino.
Alejandro Carreño, presidente del Conagopare, consideró que la falta de articulación de obra pública entre los tres niveles de gobierno impide el desarrollo de los pueblos. Por su parte, Javier Carrillo, coordinador general del Conga, pidió hacer un proceso de fiscalización al tema de minería, porque existe contaminación del agua con mercurio, lo cual está generando graves problemas de salud.
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