La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral busca respuestas inmediatas a los hechos violentos suscitados en las cárceles del país y recomendó acciones urgentes al Gobierno Central, a fin de minimizar la posibilidad de que se vuelvan a repetir.
En este contexto, en el marco del respeto a la independencia de funciones, la Mesa decidió por unanimidad solicitar al Gobierno que ejecute acciones emergentes como la designación del delegado responsable de ejercer la Presidencia del Organismo Técnico de Rehabilitación Social, sin perjuicio de las medidas de política pública que se tomen a corto, mediano y largo plazo para enfrentar la problemática estructural que enfrenta el Sistema de Rehabilitación Social (SRS).
Además sugirió diseñar e implementar un censo penitenciario que permita caracterizar a las personas privadas de la libertad; así como requerir a la Función Judicial la revisión de los procesos de las personas sin sentencia, con el propósito de reducir el hacinamiento carcelario; procesar, sin dilación, los expedientes para el acceso a los beneficios penitenciarios en favor de quienes han cumplido los requisitos para la prelibertad en régimen semiabierto y abierto.
Propone también establecer un mecanismo técnico que permita un amplio proceso de indulto para la extinción y conmutación de penas, en particular, en aquellos casos de personas privadas de la libertad que han cometido delitos menores, que no han afectado bienes jurídicos protegidos como la vida e integridad sexual de niñas, niños y adolescentes y un mecanismo de alerta temprana que permita advertir, disuadir y enfrentar los amotinamiento intracarcelarios.
Crear y dotar de institucionalidad a una unidad del Centro de Inteligencia Estratégica para la detección de amenazas de riesgos en el sistema penitenciario y que el Centro de Inteligencia Estratégica (Cies) presente un informe respecto a las omisiones en el ingreso de control de armas a los centros de rehabilitación social, son entre otras las sugerencias.
Igualmente, exhortó al Consejo de la Judicatura, Fiscalía General del Estado, Corte Nacional de Justicia y a la Defensoría Pública para que resuelvan acciones tendientes a la revisión de los procesos de personas sin sentencia; iniciar un proceso de diálogo dentro de la Función Judicial que permita construir acuerdos e identificar mecanismos para un uso racional de la prisión preventiva.
En el documento resolutivo, además, se plantea que el Pleno de la Asamblea Nacional disponga a la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad evalúe la pertinencia de iniciar un proceso de otorgamiento de indultos.
Por último, la Comisión solicitará a la Defensoría del Pueblo realice un informe pormenorizado de la situación de los centros de rehabilitación social y las personas privadas de la libertad y presente propuestas de respuesta a corto, mediano y largo plazo a la crisis del sistema penitenciario.
La Comisión viene trabajando desde el mes de mayo en un proceso de fiscalización a la situación del Sistema de Rehabilitación Social en particular y, de la inseguridad ciudadana en general, aclaró el presidente de la mesa legislativa, Ramiro Narváez, al recordar que esta decisión responde al pedido del Pleno de la Asamblea Nacional para que investigue los temas de inseguridad ciudadana por los alarmantes indicadores de violencia que se está viviendo en todo el país.
Anunció que continuarán las reuniones de trabajo con autoridades de diferentes carteras de Estado y la sociedad civil, a fin de encontrar soluciones eficaces. Recalcó que Ecuador está pasando una grave crisis penitenciaria.
RSA/pv
