La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, en el marco de socialización de los proyectos de Ley que regulan el lobby y la prevención de conflictos de interés, sesionará mañana, a partir de las 10h00, en la Casa Legislativa de la provincia de Guayas.
La mesa recibirá en comisión general a Gastón Alvear Gómez, cientista político; Chafik Mahuad, socio director de OHM & Co. Auditores y Consultores; Elvira Salvador y Yolanda Torres, especialistas en relaciones públicas y corporativas para que emitan sus observaciones a las iniciativas presentadas.
Una vez terminadas las comparecencias, la Comisión analizará y debatirá la factibilidad de unificar las iniciativas planteadas por legisladores del anterior período.
El proyecto presentado por la exasambleísta Gabriela Larreátegui tiene por objeto transparentar la actividad de lobby y demás gestiones que representen intereses particulares, con el fin de identificar a los grupos de interés, y regular los mecanismos de diálogos sobre los asuntos a ser tratados con las autoridades y servidores de los organismos y dependencias del sector público, así como poner en conocimiento de la ciudadanía estas relaciones.
La iniciativa expuesta por el exlegislador Fabricio Villamar tiene como fin regular el ejercicio del lobby o cabildeo y la gestión de intereses en el ámbito de la administración pública, con el fin de garantizar la transparencia y probidad en las relaciones con los organismos e instituciones del sector público determinados en el artículo 225 de la Constitución.
La norma propuesta por el exasambleísta César Sólorzano busca transparentar la gestión de intereses en el sector público mediante la creación de registros, la regulación de los requisitos para el nombramiento de las y los servidores públicos descritos en el artículo 83 de la Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento, y el establecimiento de medidas para evitar el conflicto de interés.
Mientras que, el proyecto del exlegislador Esteban Albornoz tiene por objeto regular la gestión de representación de intereses particulares por agentes registrados, que se efectúen para o ante instituciones, entidades, organismos y/o empresas que integran el sector público; así como ante las empresas que, sin ser públicas, se sujetan a la administración y/o propiedad del Estado y de sus instituciones (...).
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