La temporalidad, requisitos y la objeción de conciencia son tres de los nudos críticos que fueron materia de un amplio análisis entre los miembros de la Comisión de Justicia, en el marco del debate del proyecto de Ley que Garantiza el Derecho a la Interrupción del Embarazo en caso de violación.
La mesa legislativa entró en esta etapa luego de escuchar las observaciones y comentarios de alrededor de 56 actores de la academia, investigadores, Ministerio de Salud, médicos, psicólogos, organismos de derechos humanos, colectivos ciudadanos, representantes de la Iglesia, expertos nacionales e internacionales.
El legislador Dalton Bacigalupo sugirió dejar para el segundo debate la definición de la temporalidad, a fin de evitar que demore el trámite para la aprobación del informe para primer debate. Respecto de la objeción de conciencia, sugirió considerar excepciones para garantizar la salud y la vida de las victimas de violación.
José Chimbo afirmó que la matriz de observaciones del equipo asesor sobre los criterios expuestos por los comparecientes y recogidos en diversos foros permitirá avanzar en el estudio del proyecto y la elaboración del informe.
Fausto Jarrín señaló que la temporalidad es un tema discutible, pues a la víctima no se le debería exigir más condicionantes o requisitos, considerando la situación que enfrenta como producto de la violación. También es partidario de fijar excepciones en el tema objeción de conciencia por parte de los médicos, especialmente en los centros de salud que haya un solo profesional.
La asambleísta Johanna Moreira coincidió que no se pude poner más trabas para la interrupción del embarazo en caso de violación y que el proyecto debe ser consensuado no solo entre los miembros de la Comisión, sino con las bancadas para que el informe sea respaldado en el Pleno de la Asamblea Nacional, mientras que Jhajaira Urresta reseñó que visitó centros de salud como la Maternidad Isidro Ayora y otros espacios médicos rurales, en los que pudo constatar la realidad que viven las niñas víctimas de violación. Hemos visto con asombro que del total de violaciones el 80% son niñas menores de 14 años, situación que debe ser tomada en cuenta en el análisis, enfatizó.
De su lado, Ricardo Vanegas, tras afirmar que ningún órgano puede indicarle a la Asamblea como puede hacer una ley, sostuvo que no se puede crear el derecho a la interrupción del embarazo, tema que debe ser incluido en los nudos críticos.
Además, manifestó que la violación genera traumas psicológicos, al igual que el aborto, lo que requiere la atención profesional a las personas abusadas sexualmente, al tiempo que señaló la necesidad de dictar medidas para proteger a las niñas para evitar que vuelvan a ser violadas, como por ejemplo sacarla de su entorno e identificar al agresor sexual y sancionarlo drásticamente.
Por último, la vicepresidenta de la Comisión, Dina Farinango, expresó que es necesario transversalizar los derechos de niñas y mujeres en la legislación, así como garantizar el respeto a los derechos sexuales y reproductivos, y el derecho a la salud, a la vez que sostuvo que no se puede generar más obstáculos que impliquen la revictimización de las niñas y mujeres que han sido abusadas sexualmente.
PV
