Nuevos aportes para la construcción del Código Orgánico de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes (Copinna) llegaron a la Comisión Especializada que trata esta temática, por parte de la Defensoría del Pueblo y de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME).
La mesa recibió a Lorena Chávez, directora del Mecanismo de Promoción y Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo, quien afirmó que no existen políticas públicas permanentes para los grupos de atención prioritaria.
Destacó que los niños, niñas y adolescentes no son visibles como sujetos de derechos, sino como objetos de protección, por lo que propuso fortalecer ámbitos intersectoriales, donde se busque una lógica de gestión integral participativa que establezca vínculos cotidianos entre los diferentes sectores del Estado.
También expresó que las nuevas políticas de protección a niñas, niños y adolescentes deben ser innovadoras y romper las tradicionales formas de desarrollarlas. “Los derechos y garantías de las personas son las únicas herramientas que nos permiten trabajar con honestidad, ética y justicia social”, opinó.
Durante su intervención también hizo referencia al Sistema de Protección Integral conformado por las funciones Ejecutiva, Judicial y Transparencia y Control Social, así como la organización político administrativa integrada por los Gobiernos Autónomos Descentralizados y los Consejos Cantonales de Protección de Derechos.
La mesa también recibió a Karin Jaramillo, directora Jurídica de la AME, quien sostuvo que el Copinna debe considerar la titularidad de las competencias de cada nivel de gobierno, su legalidad y sostenibilidad.
Jaramillo propuso fortalecer la rectoría del Sistema de Protección de Derechos con enfoque integral especializado en niños, niñas y adolescentes; solicitar la viabilidad presupuestaria del proyecto, para que el financiamiento provenga del Presupuesto General del Estado y no de tasas o contribuciones especiales; elevar a enmienda constitucional la inclusión del criterio de Sistema Integral de Protección de Derechos, entre otros aspectos.
La asambleísta Esther Cuesta preguntó a Jaramillo cómo financian los gobiernos autónomos descentralizados el Sistema de Protección de Derechos, a lo que la funcionaria de AME indicó que el “grueso” del financiamiento es inversión social.
La legisladora Dallyana Passailaigue sostuvo que uno de los grandes nudos críticos del Copinna es el Sistema de Protección de Derechos. Pidió que se analice con detenimiento la propuesta realizada por AME.
De su parte, el asambleísta Lenin Mera pidió que los alcaldes le den la debida importancia al tema de niños, niñas y adolescentes. Sugirió que se revise el presupuesto para la atención de estos grupos prioritarios.
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