La Comisión de Garantías Constitucionales luego de escuchar a la ministra de Salud, Ximena Garzón, respecto de la situación laboral del personal de salud, administrativo, operativo y de servicio, con cinco votos afirmativos, resolvió mantener abierto el proceso de fiscalización hasta que la funcionaria de Estado entregue la información completa. Por tanto, cada 15 días deberá enviar la información requerida hasta el plazo de 60 días. El objetivo es proteger a los profesionales que trabajaron en primera línea de acción en la pandemia Covid-19.
Además, la mesa legislativa resolvió archivar el caso de la empresa Asotexorense de El Oro, en virtud de que el tema pasó a ser investigado por la Contraloría, conforme indicó la Ministra de Salud.
En la comparecencia, la ministra Ximena Garzón, informó que al 1 de octubre de 2021 existen 3.320 ganadores del concurso para nombramiento definitivo del personal que laboró durante la emergencia sanitaria. Precisó que la cartera de Estado no ha despedido a nadie, ni restó el derecho de nombramiento a profesionales de la salud, que estuvieron en primer nivel de atención.
Además, indicó que se entregaron nombramientos a 3.559 enfermeros; dos especialistas de vigilancia epidemiológico, 57 médicos generales, 292 médicos especialistas, 7 nutricionistas, 24 obstetrices, 194 paramédicos y un tecnólogo médico de imagenología, es decir, un total de 4.136 nombramientos y que a partir de octubre se entregarán mil más.
Respecto del incumplimiento de pago a la organización de la economía popular y solidaria Asotexorense de El Oro, subrayó que no existe contrato que estipule un objeto contractual, ni obligaciones de las partes, por tanto, se trata de un procedimiento de compra al margen de la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento y Resoluciones del Sercop.
Se trata de un caso que, según el informe técnico, se ha realizado sin seguir el procedimiento legal y en cumplimiento de lo que dispone el artículo 226 de la Constitución, este caso será remitido a Contraloría General del Estado para que sea auditado, a fin de no tener responsabilidad por acción u omisión y determinar la responsabilidad, subrayó Ximena Garzón.
Los legisladores señalaron que sí se han realizado desvinculaciones de personal de salud. También solicitaron revisar de manera minuciosa el trabajo que cumplieron los profesionales de salud que estuvieron en primera línea de acción para aplicar el artículo 25 de la Ley de Apoyo Humanitario que les otorga estabilidad laboral, a la vez que cuestionaron por qué no se dio nombramiento a los técnicos de atención primaria.
La Ministra de Salud aclaró que entregó 1.925 nombramientos al personal de técnicos y se desvinculó a 30 porque tienen procesos administrativos. Precisó que investigará los despidos en el Hospital Marco Vinicio Iza, a la vez se comprometió a entregar el listado de personal que estuvo en primera línea de acción.
La legisladora Victoria Desintonio dijo que no solo se trata de 30 técnicos despedidos, sino que se afectó a 30 familias. Solicitó los expedientes que justifican esas acciones. Reiteró que también se desvinculó a profesionales de la salud y que se incumple la Ley de Apoyo Humanitario.
JLVN/pv
