La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, que preside Ramiro Narváez, avanzó en la solicitud de información relacionada con la crisis carcelaria y la alarmante inseguridad ciudadana que vive el país. En esta ocasión, aprobó las preguntas que se remitirán a los ministerios que integran el organismo técnico de rehabilitación social, así como al Consejo de la Judicatura, Contraloría General del Estado y Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae).
En el caso de los ministerios de Salud Pública; Trabajo; Educación; Cultura, Deporte; Inclusión Económica y Social, y la Secretaría de Derechos Humanos, que son parte del organismo técnico de rehabilitación social, la mesa consulta los nombres de las autoridades desde 2018; si se ha convocado a reunión de esta instancia antes de la declaratoria de estado de excepción en el sistema penitenciario; la coordinación con el organismo de rehabilitación social; las políticas de rehabilitación; las políticas de reinserción laboral de quienes han cumplido sus condenas y la atención con insumos médicos a las personas privadas de libertad (PPL).
Así mismo, al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), se requiere información acerca de quienes fueron autoridades en los últimos años; la nómina de efectivos del cuerpo de seguridad y vigilancia; las políticas públicas de rehabilitación social; si hubo alertas de posibles amotinamientos, entre otros temas.
Igualmente, a la Defensoría del Pueblo se consulta las propuestas que ha formulado para atender los requerimientos de las personas privadas de libertad, la defensa de los derechos humanos de los mismos, así como de los niños y niñas que están junto a sus progenitores en los centros de rehabilitación social y las propuestas realizadas como parte del organismo técnico de rehabilitación social para mejorar las condiciones de los reclusos.
Respecto de la Contraloría General del Estado, la mesa pregunta sobre los procesos de auditoria realizados a las instituciones relacionadas con el sistema de rehabilitación social, algunas de ellas desaparecidas y sus resultados. Mientras, al Consejo de la Judicatura se le requiere información respecto de la presunta escasez de jueces de Garantías Penitenciarias y los procesos relacionados con la prelibertad y otros beneficios para las personas privadas de libertad.
Finalmente, a la SENAE se le formulan inquietudes relacionadas con el control de la seguridad fronteriza.
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