El desalojo de alrededor de 3 mil familias de los barrios Bloque 22 de Flor de Bastión, Nueva Guayaquil y Las Delicias, en la zona de La Ladrillera, al noroeste de Guayaquil fue el tema de análisis este miércoles en la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio.
Para abordar este tema se recibió al ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Darío Herrera, quien señaló que entre el 2019 y 2021 se han contabilizado alrededor de 804 desalojos en el país, y solo en Guayas se ha retirado el 97% de asentamientos irregulares.
A su criterio, se trata de un problema complejo que se ha incrementado con el tiempo. Señaló que desde el MIDUVI están trabajando en un plan nacional de vivienda, que permita la entrega de viviendas a familias más pobres.
“Invito a los legisladores a trabajar mancomunadamente para resolver este problema en Guayaquil”, manifestó Herrera, al referirse que en el proyecto de Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social se debería identificar a las familias más pobres para reubicarlas y dotar de viviendas adecuadas.
Evelyn Montalván, secretaria técnica del Comité de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares, indicó que la institución articula trabajos de control y prevención en coordinación con el Municipio de Guayaquil; la Intendencia y la Policía Nacional. “Hemos realizado operativos preventivos para salvaguardar la vida de los moradores del sector de La Nueva, porque las casas están junto al trasvase que lleva agua a la península de Santa Elena”, manifestó.
El legislador Francisco León exhortó a la Comisión para que realice un trabajo coordinado con los gobiernos autónomos y las instituciones del Estado. Por su parte, Lenin Barreto expresó que el problema habitacional en el Ecuador debe ser resuelto por el Estado lo más pronto posible.
A criterio de la asambleísta, Patricia Sánchez, los desalojos deberían ser la última instancia a la que las autoridades lleguen. “Se debe entender que los desalojos afectan a miles de familias, que han puesto sus esfuerzos para tener una vivienda”, agregó.
Así mismo, la legisladora Sánchez recomendó que el Municipio de Guayaquil declare una moratoria inmediata y conforme mesas de diálogo para definir políticas inclusivas de vivienda que permitan el reconocimiento, legalización y mejoramiento de los barrios de manera integral.
KC/pv
