Con los criterios de ONU Mujeres Ecuador y de la Red de Activismo Menstrual, la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte inició el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica de Salud e Higiene Menstrual. Las comparecientes resaltaron la importancia de la normativa en la gestión menstrual de las mujeres.
En Ecuador se estima que las mujeres gastan un promedio de 42 dólares en productos de higiene sanitaria enfatizó Alison Vásconez, representante de ONU Mujeres, al señalar que la reducción de costos en productos sanitarios permitiría que las mujeres tengan acceso y puedan realizar sus actividades diarias sin problema.
Aseguró que el problema del acceso a la salud e higiene menstrual tiene varias aristas: la pobreza menstrual es el término utilizado para la falta de acceso a la gestión menstrual; los tabúes presentados en la sociedad hacen que las niñas se sientan rechazadas; el Estado debe reconocer que los productos femeninos son artículos de primera necesidad.
Mientras que Salomé Cisneros y Natalia Ríos, de la Red de Activismo Menstrual solicitaron que se incluya un Plan Nacional de Salud y Educación Menstrual que integre perspectivas formales y no formales. Además, mesas técnicas que permitan mantener estándares integrales y actualizados; un plan nacional de planificación menstrual y la eliminación del IVA en los productos de gestión menstrual.
A criterio de los legisladores el enfoque debe ser integral. Para Luisa González es importante naturalizar el tema, ya que la pobreza es un factor determinante que limita el acceso a productos de higiene menstrual. Para Joel Abad el tema debe tener un enfoque preventivo, educativo y curativo.
En tanto, Patricia Mendoza sugirió considerar mecanismos de asistencia estatal en el período menstrual, en especial a aquellas personas que sufren cólicos, por problemas como endometriosis. Además, está de acuerdo que no hable de higiene sino de gestión menstrual. Rafael Lucero sostuvo que el proyecto es de vital importancia para las mujeres.
Debemos apoyar a las niñas y adolescentes con textos y material informativo para que tengan una educación respecto a la gestión menstrual, expresó el presidente de la Comisión, Marcos Molina, tras reiterar que el compromiso es dotar de una Ley que beneficie a las mujeres del país.
Nombramientos a profesionales de la salud
En otro tema, la Comisión tomó una decisión respecto a la sentencia de la Corte Constitucional, que declaró la inconstitucionalidad del artículo 25 y de la Disposición Transitoria Novena de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario.
Los legisladores se solidarizaron con el personal de salud a nivel nacional por la inestabilidad laboral, en razón de la falta de sus nombramientos definitivos por parte del Ministerio de Salud y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Rechazaron el pronunciamiento de la Corte Constitucional en relación a la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 25 y de la Disposición Transitoria Novena de la Ley de Apoyo Humanitario.
Solicitarán a la ministra de Salud, Ximena Garzón, el cronograma de entrega de los nombramientos que se gestionaron previo a la sentencia de la Corte Constitucional. También deberá informar de manera mensual el avance y ejecución de la entrega de nombramientos, entre otros aspectos.
Carrera sanitaria
Seguidamente, los legisladores continuaron el tratamiento del proyecto de Ley de Carrera Sanitaria, que busca proteger al funcionario de salud en el ejercicio de su profesión y garantizarle un marco jurídico adecuado para la aplicación de los derechos, para lo cual se especifican deberes y obligaciones.
Alexis Noboa, representante de la Confederación de Profesionales de la Salud planteó adaptar lo determinado en el Protocolo de San Salvador respecto a la limitación razonable de las horas de trabajo, tanto diarias como semanales. Las jornadas serán de menor duración cuando se trate de trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos. La jornada especial de menor duración debe ser de 30 horas, misma que está reconocida en la Losep y no se ha implementado, agregó.
Además, cree importante la participación gremial, en procesos de calificación y certificación profesional y que, los puestos directivos pueden ser ocupados temporalmente por servidores de carrera y retorno a su puesto de trabajo.
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