Zaida Rovira, exdefensora del Pueblo, en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización, como parte de la recepción de pruebas dentro del juicio político contra René Ortiz, exministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, aseguró que el incremento de tarifas y los cobros presuntivos de las planillas del servicio de electricidad irrespetó los derechos de los usuarios.
La exfuncionaria dijo que la Defensoría patrocinó los respectivos reclamos de la ciudadanía, sobre todo de las provincias de Guayas, Santa Elena, El Oro y Esmeraldas pero, lamentablemente no hubo respuesta de las autoridades; en el mejor de los casos se plantearon convenios de pago, pero no revisaron las planillas.
Aseguró que durante los momentos más duros de la pandemia, entre abril y diciembre de 2020, las autoridades obligaron a los usuarios a pagar planillas sobrevaloradas y no hubo un ministro que defienda los derechos de los consumidores cuando, debido a la precaria situación sanitaria y económica debieron aplicar políticas solidarias.
De su lado, Alfredo Carrasco, representante de la Asociación de Usuarios, recordó que se presentaron más de 200 mil reclamos, solo en la provincia del Guayas, por los abusos en las planillas de energía eléctrica, con la aplicación de valores estimados, lo cual está expresamente prohibido por la Ley de Defensa del Consumidor.
Indicó que hubo casos de locales comerciales que permanecieron cerrados, sin embargo tuvieron que pagar sus planillas con costos elevados y al momento de reclamar, las autoridades dijeron que primero paguen las facturas y, luego, revisarían los casos. “Hasta hoy no tenemos ninguna solución”, agregó.
Así mismo, adujo que la actual administración mantiene el mismo esquema de cobros presuntivos y el ciudadano que no puede pagar, por falta de recursos, mas no porque no quiera hacerlo, sale perjudicado con el corte del servicio, a veces efectuado de forma automática, lo cual le cuesta al usuario más de seis dólares de recargo en la siguiente planilla, recursos que van a favor de empresas privadas, no del Estado.
En otro orden, el activista político Fernando Balda, acudió a la Comisión de Fiscalización para informar de la “ruta del dinero”, según varios movimientos económicos por valores significativos, en cuentas del extranjero por el expresidente Rafael Correa y varios de sus excolaboradores.
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