El exministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, René Ortiz, ejerció su derecho a la defensa en la Comisión de Fiscalización, dentro del juicio político planteado por los asambleístas Luis Almeida y Salvador Quishpe, quienes lo acusan de incumplimiento de funciones, en particular en lo que atañe al incremento gradual de los precios de los combustibles, así como los cobros excesivos por consumo de electricidad, en medio de la crisis por la pandemia del Covid-19.
Ortiz Durán indicó que la aplicación del sistema de bandas para la fijación de los precios de los combustibles en el mercado regulado, con un promedio de +- 5 %, con un referencial de USD 1,75 (un dólar con setenta y cinco centavos) para las gasolinas y USD 1 (un dólar) en el caso del diesel, en 2020, generó un ahorro para el país de, al menos, 1.024 millones de dólares por concepto de subsidio.
Subrayó que este sistema, que la gente reconoce como el sistema de bandas, constituye en sí mismo una focalización del subsidio, que antes era indiscriminado y generalizado que afectaba al país, puesto que entre 2010 y 2020 significó un egreso para el fisco por más de 48 mil millones de dólares.
El exfuncionario justificó la emisión de los decretos relacionados con la fijación de los precios de los combustibles, en cumplimiento de las disposiciones legales y constitucionales vigentes, porque en derecho público únicamente se puede hacer lo que está escrito.
Planillas eléctricas
Sobre las planillas eléctricas que habrían generado cobros excesivos en los momentos más difíciles de la pandemia, a través de tarifas estimativas, el exministro René Ortiz explicó que la situación que vivía el país, con la obligación de un confinamiento, en suma, la campaña “quédate en casa” generó un incremento en el consumo del servicio de energía eléctrica, sobre todo en las provincias de la costa, porque las familias usaron por más tiempo el aire acondicionado o los ventiladores; los estudiantes se acogieron a clases telemáticas y utilizaron sus computadores para el teletrabajo.
Así mismo, dijo que hubo casos en los cuales, contrario al propio decreto en el sentido que estas áreas estratégicas no se paralicen, quienes realizaban la lectura de los medidores se autoconfinaron y se aplicó un sistema de costos presuntivos, de acuerdo con el histórico de consumo. La mayoría de los reclamos fueron atendidos favorablemente y se otorgaron notas de crédito y devoluciones vía transferencia, pero hubo usuarios que no estuvieron satisfechos con la solución determinada por las empresas distribuidoras.
Insistió que, tanto en la fijación de los precios de los combustibles, como en la facturación del servicio de energía eléctrica, el Ministro de Energía y Recursos no Renovables no tiene responsabilidad, sino el ente colegiado, que es la Agencia de Regulación y Control.
EG/pv
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