La Comisión de Soberanía y Seguridad Integral continúa el análisis de la alarmante situación de inseguridad que enfrenta el país y las implicaciones para la paz social, así como las respuestas y acciones gubernamentales para afrontar la problemática.
Esta vez representantes de las municipalidades, consejos provinciales, juntas parroquiales, academia, expertos y la sociedad civil coincidieron en la necesidad de impulsar el trabajo preventivo, integrado, coordinado con alianzas, presupuesto, tecnología, capacitación para enfrentar la inseguridad.
El presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, Franklin Galarza, subrayó que la seguridad ciudadana no puede ser enfrentada desde el ámbito local solamente. Propuso tender puentes, convocar a la mayor cantidad de actores sociales en la construcción de un Plan Nacional con enfoque territorial, a fin de fortalecer el sentido de pertenencia de la comunidad.
También sugirió nuevas políticas de seguridad que dan cuentan del paso de la seguridad pública, con enfoque nacional y el involucramiento de entidades de orden local para la atención de las relaciones interpersonales de convivencia. Señaló como detonantes al narcotráfico, incremento de niveles de pobreza, manejo social de la pandemia y ausencia de política pública transversal.
Diego Gordillo, representante del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales, tras recalcar que la seguridad ciudadana debe ser integral y transversal, de gestión social y de juntas de protección de derechos, dijo que es necesaria la transferencia de recursos a los GAD, para la administración de competencias; la reducción de las brechas territoriales; evitar abusos de la prisión preventiva; reforma de la estructural penal y la reducción del hacinamiento.
Entre los mecanismos de coordinación interinstitucional mencionó la operativación de las políticas públicas, suscripción de convenios, implementación de estrategias coordinadas y fortalecimiento de la institucionalidad.
Paúl Jaramillo, del Consejo de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, Conagopare, expuso las propuestas desde la realidad rural y precisó que el tema de la seguridad es multidisciplinario. Advirtió la falta de recursos para los GAD para asumir estas competencias. Dijo que pese a ello han realizado acciones como la instalación de cámaras de seguridad. Pidió formar mesas técnicas con los criterios de la ruralidad.
Criterios de expertos
Francisco Estupiñán, experto en Derecho Penal y Seguridad, aseguró que internamente se puede hacer mucho para evitar los problemas en el sistema penitenciario. Un elemento importante es el uso del polígrafo, las capacitaciones con especialización, prevención versus represión, uso de tecnología, tecnificación a la Policía y difusión de información acerca de los tipos de delitos.
Consideró que el aumento de las penas y las denuncias no solucionarán el problema, a la vez que advirtió que el abuso de la prisión preventiva puede generar condiciones negativas.
A criterio de Carla Álvarez, docente investigadora del Instituto de Altos Estudios Nacionales hay dos factores detonantes de la problemática: la falta de atención del Estado y el narcotráfico y crimen organizado. Sugirió realizar un censo de la población carcelaria.
Por último, María Espinoza y Amada Calderón, del Frente Ciudadano, expresaron que los guías penitenciarios deben ser capacitados y se consideren aspectos como el porte de armas, exigir documentación a extranjeros y el trabajo coordinado de la Policía con los ciudadanos.
El presidente de la Comisión, Ramiro Narváez, señaló que los GAD tienen un rol más protagónico en la seguridad integral, ya que están más cercanos a la población y pueden trabajar en temas preventivos para generar un ambiente de menor violencia en sus territorios, de mediación, arbitraje y formación.
RSA/pv
Más fotografías:
