En la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral estuvieron siete ministros de Estado, el Defensor del Pueblo, la Secretaria de Derechos Humanos y el Titular del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), quienes presentaron el informe sobre las acciones para solventar la grave crisis carcelaria.
La ministra de Salud, Ximena Garzón, sugirió coordinar con el SNAI la reubicación de los dispensarios médicos hacia áreas que permitan brindar una atención integral; consideró necesario elaborar y socializar lineamientos operativos de emergencia ante situaciones de violencia; fortalecer la seguridad para la atención del personal de salud. Informó que cuentan con 244 profesionales de la salud en los centros penitenciarios que registran 82.168 atenciones médicas, y tienen 47 establecimientos de salud con diferentes servicios como medicina interna, familiar y farmacia.
Por su parte el ministro del Trabajo, Patricio Donoso, subrayó que las acciones son transversales y que demandan una gestión coordinada. Respecto a la verificación de condiciones laborales, expidió la escala de remuneraciones mensuales unificadas, la compensación anual y aspectos laborales especiales para guías penitenciarios. Se han planificado inspecciones a centros de privación de libertad y se ha brindado asistencia técnica y asesoría en torno al auto de verificación de cumplimiento de la resolución que busca reformar el modelo de gestión institucional del SNAI, afirmó.
César Córdova, defensor del Pueblo encargado, expuso como acciones urgentes la evaluación política pública – diagnóstico de situación de los centros de rehabilitación social, así como la aplicación de medidas de internamiento de los adolescentes infractores, la implementación del censo penitenciario, aplicación de indultos, contratación de personal técnico, fortalecer el seguimiento a las personas que obtienen la libertad y establecer política de prevención del delito.
La Secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, habló de la caracterización de las personas privadas de la libertad. Relató que de las 118 personas que fallecieron en la Penitenciaria del Litoral, 105 fueron identificadas. De estas, el 61%.3% eran menores de 30 años y el 24.5% contaba con sentencia. Informó que trabajan en mesas técnicas para preparar las reformas al sistema nacional de rehabilitación social y al Código Integral Penal.
Bolívar Garzón, director general del SNAI, expresó que se necesita concretar soluciones integrales e involucrar a todas las entidades del Estado. Se refirió a la clasificación de las cárceles y estadísticas de detenidos y dijo se debe incrementar los jueces de garantías penitenciarias, ya que tienen 5 mil trámites represados, 14.725 procesados y 1.026 órdenes de apremio a contraventores. Su objetivo es la implementación de un nuevo sistema de gestión acorde a las necesidades reales del SNAI, que permita entrelazarse con otras instituciones y obtener datos completos de las personas privadas de libertad, visitantes y personal que labora en la institución, con el fin de mantener un control completo.
La ministra de Educación, María Brown, informó que la atención de la población penitenciaria es de 38.917 personas, de ellas 20.695 requieren atención educativa. El 5% no tiene ninguna instrucción, 1% requiere concluir la educación básica y el 47% necesita bachillerato. El ministerio atiende en modalidad presencial a 6.480 personas, añadió.
Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, destacó que trabajan en la socialización y capacitación a trabajadores/as sociales del SNAI en prevención de violencias, acciones en beneficio de las familias de las personas privadas de libertad en relación a vulneraciones de derechos; levantamiento de información para determinar casos de hombres privados de libertad por el delito de femicidio y acciones a favor de las víctimas y gestionar el bono para los hijos e hijas de la víctima.
De su lado, la ministra de Cultura, María Machuca, manifestó que su compromiso en este ámbito se enfoca en garantizar la operatividad e implementación del modelo de gestión de servicios artístico culturales; implementar una línea de fomento permanente dirigida a proyectos, planes y programas que tengan como población objetivo a PPL; articulación institucional para el cumplimiento de los compromisos y acuerdos con el Sistema de Rehabilitación Social y el Sistema Nacional de Cultura.
Por último, Sebastián Palacios, ministro del Deporte, aseguró que lleva adelante una labor complementaria de las acciones de cada uno de los ministerios dentro este plan integral. Recalcó que miran al deporte como una herramienta de desarrollo, con visión integral de transformación de vida y en ese sentido se aterriza en los centros de privación de libertad.
El presidente de la Comisión, Ramiro Narváez, enfatizó que no existe un trabajo coordinado para buscar solución al problema, mientras que otros legisladores cuestionaron el accionar de las administraciones anteriores y las falencias en el manejo de carcelario.
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