La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, con el fin de conocer el proceso de liquidación y las etapas ejecutadas de la Empresa de Ferrocarriles del Ecuador, recibió a Paulina Escudero, liquidadora de la Empresa, quien hizo un recuento de la extinción mediante Decreto Ejecutivo 1057 y sus reformas.
Durante su exposición indicó que se han aplicado nueve auditorías a la Empresa de Ferrocarriles del Ecuador, cuyas conclusiones hacen referencia a la sobrevaloración de activos, falta de titularidad de bienes inmuebles y falta de provisión para atender a jubilados patronales lo que, según dijo, podría ocultar el real pasivo de la empresa pública.
De su parte, Mario Pardo, subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario del Ministerio de Obras Públicas (MTOP) comentó que la Empresa le entregó en infraestructura ferroviaria 965.61 km de tendido, 506.19 km rehabilitados y 121.80 km operativos. Señaló que se trabaja con alianza público privada para la concesión de las vías.
Ana García, viceministra de Turismo, remarcó que sin duda la reactivación del ferrocarril incentiva el desarrollo turístico. Sin embargo, dijo que la secretaría de Estado aún no cuenta con un plan de reactivación porque el proceso de liquidación no se ha completado y que tampoco se conocen los tramos que serán rehabilitados, ni las empresas que se encargarán de su manejo.
Mientras que Mario Conejo, alcalde de Otavalo, expresó que para la rehabilitación del ferrocarril es posible hacer una alianza directa con los municipios. Remarcó que el paso del tren por la localidad fomenta el turismo, da impulso y permite la reactivación económica de la provincia.
Rodrigo Rea, alcalde de Alausí, pidió que se habilite con urgencia el tramo del tren que favorece a este cantón, pues está listo para operar en 100%, lo que favorecería a la economía de la zona, se reactivaría el turismo y se crearían nuevas fuentes de empleo.
Juan Santa Cruz, representante de los jubilados de Ferrocarriles del Ecuador, indicó que se encuentran impagos, a pesar de dialogar con las autoridades de la empresa y tratar de llegar a convenios. Por su parte, Marcelo Tapia, representante de los trabajadores de la Empresa, manifestó que el año 2020 iniciaron demandas de inconstitucionalidad por el cierre de la institución. Sostuvo que el decreto firmado por el expresidente Lenín Moreno carece de fundamento, pues ni siquiera explica cómo se debe proceder con el proceso de liquidación.
Finalizadas las comparecencias intervinieron los asambleístas quienes cuestionaron por qué no se aplicaron las normas internacionales de información financiera. También se refirieron a la chatarrización, la falta de seguridad en las estaciones y la falta de pago al personal que trabajó en la empresa.
La liquidadora señaló que la chatarrización se hizo a bienes considerados no patrimoniales, se han realizado trabajos de coordinación para mantener la seguridad en las estaciones y se llevan adelante los pagos al personal.
El legislador Ricardo Ulcuango mocionó crear una subcomisión que fiscalice la liquidación de Ferrocarriles del Ecuador, así como solicitar a la Contraloría que realice una auditoría, entre otras propuestas. Con ocho votos, se aprobó la propuesta.
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