La Comisión de Desarrollo Económico, en el marco de sus competencias de fiscalización y control político, recibió a varias autoridades de Estado y empresas privadas, con el fin de conocer las causas y consecuencias de la inhabilitación de los servicios del Banco Pichincha y el grado de vulnerabilidad que afectan a los ciudadanos por la filtración de datos o posibles robos de información.
El presidente de la Comisión, Daniel Noboa Azin, señaló que la protección de datos debe ser un esfuerzo conjunto entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, pues solo así se garantizará que sus derechos a la privacidad no sean violentados. Destacó que el último suceso registrado en el Banco Pichincha demuestra la vulnerabilidad a la que están expuestos los ciudadanos.
Tras su pronunciamiento, la mesa recibió a Ruth Arregui, superintendenta de Bancos, quien sostuvo que la actual administración trabaja en ciberseguridad con el desarrollo de programas y estrategias institucionales para defender y anticipar amenazas cibernéticas. Recalcó que se protege a personas, sistemas y datos de amenazas de riesgo que se presentan a través de phishing, malware, ransonware, spam, entre otras.
En el caso específico registrado en los últimos días en el Banco Pichincha sostuvo que la Superintendencia dispuso realizar una auditoría forense, informática y financiera. Así mismo, ordenó asumir afectaciones económicas y pecuniarias de los usuarios financieros. Otra de las disposiciones fue que certifique que el incidente de ciberseguridad no afectó información de clientes registrados en la base de datos.
De su parte, Víctor Anchundia, superintendente de Compañías y Seguros, comentó que una de las acciones para la protección de información que se realizan en la institución son las capacitaciones periódicas a los funcionarios.
A la mesa también acudió Alfonso Ordeñana, presidente de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, quien comentó sobre la gravedad de la vulneración de datos. Por su parte, María Villagómez, fiscal provincial del Guayas, recalcó que la prevención, vigilancia y control corresponde a otros organismos del Estado y a la Fiscalía actuar frente a las denuncias presentadas.
De su lado, Hernán Ordoñez, vicepresidente Regulatorio de Telefónica Movistar expuso sobre el manejo y la protección de datos personales y señaló que los principios de la política global de seguridad se sustentan en legalidad, eficiencia, corresponsabilidad, cooperación y coordinación.
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