Nuevos aportes recibió la Comisión Especializada en Niños y Adolescentes para la construcción del Código Orgánico para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Copinna). La mesa recibió al jurista Ramiro Rivadeneira, quien, expuso sus propuestas respecto al Sistema de Protección.
En su intervención señaló que los sistemas no llegan a sitios lejanos, es así que padres y madres no conocen sobre Juntas de Protección de Derechos. Recalcó que debería estar en todo territorio ecuatoriano para lograr la efectiva protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Tras señalar que existen varios problemas sobre el sistema, informó que el 20% de municipios no cuentan con una Junta Cantonal de Protección de Derechos, el sistema es reactivo y responde a las denuncias con poca capacidad de prevención; además, el sistema descentralizado no está conectado con las políticas públicas y que las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y parroquiales no están definidas.
Además, sugirió que se cuente con datos desglosados por sexo, edad, ubicación geográfica, nivel educativo, situación socioeconómica, con el fin de desarrollar políticas eficaces para atender a este grupo poblacional.
También, la mesa recibió a Juan Quiñónez, representante de UNICEF en Ecuador, quien mostró datos sobre una encuesta telefónica realizada por la organización a 1800 hogares en octubre de 2020, enero y mayo de 2021. Señaló que en ocho de cada 10 hogares con niños, niñas y adolescentes se redujeron los ingresos, muy por encima de los hogares sin niños y del promedio nacional.
En cuanto al acceso de educación virtual la encuesta reflejó que el 90% de niños, niñas y adolescentes en hogares de estrato bajo accede a clases a través de celular y el 70% de este grupo poblacional, de estrato alto, accede a clases por medio de un computador.
Finalmente indicó que UNICEF propone cinco líneas de acción que las instituciones gubernamentales deben adoptar: crecimiento económico con equidad y redistribución, recuperación de ingreso de las familias, invertir en el sistema de protección social y sus servicios, incrementar el capital humano como motor de crecimiento económico y la propuesta de una reforma tributaria progresiva y redistributiva.
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