El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó a trámite las solicitudes de juicio político planteados en contra de Víctor Manuel Anchundia, superintendente de Compañías Valores y Seguros; Ruth Arregui Solano, superintendente de Bancos; Carlos Riofrío González, contralor General del Estado subrogante; e, Íñigo Salvador Crespo, procurador General de Estado, una vez que se verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución y la ley. A estos funcionarios se les acusa de incumplimiento de funciones.
En este marco, y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 78 y 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, los asambleístas Ricardo Vanegas y Luis Almeida, plantearon (en solicitudes separadas) el enjuiciamiento político en contra de Víctor Anchundia, Superintendente de Compañías, Valores y Seguros.
El legislador Darwin Pereira propuso el juicio político en contra de la Superintendenta de Bancos, mientras que el asambleísta Ronny Aleaga acusa al Contralor Subrogante y el asambleísta Ferdinan Álvarez al Procurador General del Estado.
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