La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, recibió al defensor Público General, Ángel Torres Machuca, quien explicó las acciones desarrolladas en materia de asesoramiento y patrocinio legal, lo cual incide en garantizar la seguridad ciudadana. Indicó que en 2020, pese a la pandemia y el confinamiento, el organismo atendió 233 mil acciones, en áreas penal y no penal.
Mientras, en lo que va de 2021, se han atendido 177 mil asesorías, 198 mil patrocinios y más de 2000 mediaciones, subrayó, que sobre la grave crisis penitenciaria y seguridad, la Defensoría Pública fue la primera institución que presentó 10 nudos críticos que luego fueron corroborados por otras instancias estatales. “Las cifras son alarmantes, sobre la inseguridad ciudadana, por ello, las autoriades debemos pasar a la acción”, enfatizó.
Además, aclaró que el rol de la Defensoría Pública comprende la asesoría legal en todas las materias e instancias, y el patrocinio judicial a las personas que, por su condición económica, social o cultural o situación de vulnerabilidad, no pueden contratar los servicios de una defensa privada. Es decir, en el ámbito penal, desarrolla el rol de abogado de los procesados y también de las víctimas en delitos específicos, como violencia de género, tema en el que es una de las pocas defensorías de Latinoamercia que lo abordan.
“Es fundamental que comprendan el rol de los defensores públicos como parte de los procesos judiciales; sin defensa técnica no hay audiencias y sin un debido proceso se abre la puerta a la impunidad, pues en el caso de esta institución no ha habido audiencias fallidas imputables a la Defensoría Pública, inclusive en la época más dura del confinaiento”, reiteró.
Así mismo, sugirió que, de manera urgente, se dé el equipamiento y correcto adiestramiento de la fuerza pública para enfrentar a la delincuencia con contundencia y eficacia; “estos efectivos deben contar con el absoluto respaldo de la ciudadanía y de las autoridades, ya que no se puede seguir poniendo tras las rejas a policías por el cumplimiento de su deber”, señaló.
Igualmente, se mostró partidario de dotar de absoluta independencia a jueces y fiscales, con mencanismos de evaluación efectiva y permanente; “las cárceles no pueden seguir siendo hoteles de paso para los delincuentes y condena de muerte para los inocentes”, aseveró. A la vez, invocó a la coordinación y colaboración de los gobiernos autónomos descentralizados, con ciudadanos y empresarios para la generación de mecanismos que permitan proteger a la población de la delincuencia.
EL titular de la mesa, Ramiro Narváez, insistió que el objetivo del organismo es recoger la información de 26 instituciones y organismos públicos para aportar con un diagnóstico de la crítica situación del sistema penitenciario, así como de la creciente inseguridad ciudadana, a fin de encontrar las mejores alternativas de solución.
EG/pv
