Con el voto unánime de los asambleístas presentes, la Comisión de Fiscalización y Control Político calificó las solicitudes de juicio político planteadas por Ricardo Vanegas y Luis Almeida, en contra de Víctor Anchundia, superintendente de Compañías, Seguros y Valores, por incumplimiento de funciones establecidas en a Constitución y la Ley. A la vez, en aplicación de lo previsto en el artículo 80.1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, decidió acumular las solicitudes y unificar el trámite en un único proceso.
Tras esta decisión, la Secretaría del organismo notificará al Superintendente de Compañías, a fin de que en el plazo de quince días presente las pruebas de descargo y a los asambleístas solicitantes del juicio político para que, en igual plazo, presenten las pruebas que sustenten sus afirmaciones. Previamente, la mesa verificó que las solicitudes de los asambleístas Vanegas y Almeida cumplan los requisitos constitucionales y legales para su presentación, entre ellos, que cuenten con el número de firmas de al menos una cuarta parte de los miembros de la Asamblea en el formulario correspondiente, en el que se declare que las firmas son verídicas y que corresponden a sus titulares; y, que contengan el anuncio de la totalidad de la prueba que se presentará, acompañada de la prueba documental de que se disponga en ese momento.
Causales
El asambleísta Ricardo Vanegas, en su solicitud de juicio político, subraya que el Superintendente de Compañías ha incumplido los mandatos legales a los cuales se encontraba obligado según la Constitución de la República, Ley de Compañías, Ley de Mercado de Valores y otras normas, en lo que atañe al control de las operaciones en el mercado de valores por 950 millones de dólares pertenecientes al Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISSPOL), así como en la inversión en facturas comerciales negociables sin sustento económico y estructuración de emisión de obligaciones de pasivos no calificados para emisiones.
Por su parte Luis Almeida Morán acusa al Superintendente de Compañías de incumplimiento de funciones por violentar el artículo 123 de la Constitución, en concordancia con los artículos 354 de la Ley de Compañías, 162 y 163 de la Ley de Mercado de Valores, mediante la omisión del control en las actividades de las compañías ECUAGRAN, DELGRAN y DELCORP, en relación a la Casa de Valores Citadel S.A., Acciones y Valores ACCIVAL (hoy Atlántida), DECEVALE (Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores), lo cual posibilitó la emisión de valores y la negociación de facturas sin respaldo alguno, que afectaron el pago de valores del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL) y del Fondo de Cesantía del Magisterio Nacional.
Sistema de Compensación
Así mismo, por unanimidad, la Comisión aprobó el cronograma de comparecencias dentro de fiscalización de la operación del Sistema de Compensación Regional (Sucre), que involucra presuntas actividades financieras ilegales en Ecuador, efectuadas por Álex Saab. Para el efecto se invitará a autoridades del Banco Central, Servicio de Rentas Internas (SRI), Superintendencia de Compañías, Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), así como al exministro de Economía, Diego Borja; al exfiscal General, Galo Chiriboga; a Andrés Arauz, exfuncionario del Banco Central y al expresidente Rafael Correa.
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