La Comisión de Régimen Económico luego de acoger observaciones de los legisladores aprobó el informe de ejecución presupuestaria de enero a junio de 2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En el documento se incluye ocho conclusiones.
Entre otros aspectos, en el informe se especifica que hay dificultades en cuanto a un análisis comparativo entre los ejercicios de enero a junio 2020-2021, lo cual no permite contrastes entre ejercicios de planificación fiscal diferentes; el financiamiento externo aparece reducido, ya que durante el período de análisis el país recibió exclusivamente desembolsos de los organismos multilaterales para proyectos de inversión ya aprobados en el pasado, lo que implica que no existieron otras fuentes de financiamientos, ni una planificación de endeudamiento en términos de la distribución de las necesidades de recursos a lo largo del período fiscal.
En cuanto a los egresos permanentes, se precisa que su reducción entre los períodos de análisis, frente a la realidad del incremento de necesidades, en especial en el ámbito de la salud por los efectos de la pandemia COVID-19 y de una población que se incrementa año a año, denota una reducción en la cobertura de los servicios públicos y, por tanto, en el bienestar de la sociedad.
También se precisa la falta de coordinación entre los entes rectores de las finanzas públicas y de la planificación nacional y se advierte que se necesita mayor rigurosidad en la presentación de las cifras entre las instituciones que reportan información oficial en materia fiscal, en virtud de discrepancias en algunas variables, lo cual dificulta el análisis e impide alcanzar precisión en la evaluación de los datos contenidos en los informes de ejecución presupuestaria y ejecución fiscal.
En el documento se indica que, para los GAD, durante el primer semestre de 2021, se devengaron US$ 1.458,70 millones, de un valor codificado de 2.608,19 millones de dólares, lo cual significó una ejecución de 55,92%, incluidos los recursos del modelo de equidad territorial, competencias asumidas, convenios sectoriales, Ley 047 y devolución del IVA entre los rubros más importantes.
Por su parte, el asambleísta Blasco Luna, sugirió tomar en cuenta el incremento de la deuda, pues en lo que resta del ejercicio fiscal se verá hacia dónde se destinan esos recursos, mientras que Guido Chiriboga, resaltó que el informe es netamente técnico. La asambleísta Ana Herrera mencionó que no concuerdan los recursos para la reducción de brechas de equidad.
El parlamentario Bayron Maldonado expresó la urgencia de crear una unidad técnica para controlar las acciones del presupuesto. En cambio, el parlamentario Jhonny Terán, vicepresidente de la mesa legislativa, sugirió que el Ministerio de Finanzas, en temas presupuestarios, sea cuidadoso con los datos que envía en el informe a la Asamblea Nacional.
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