Ante la Comisión de Justicia y Estructura del Estado comparecieron las principales autoridades del Consejo de la Judicatura, del Ministerio de Salud y de la Dirección Nacional de Investigación contra la Violencia de Género, Mujer, Familia, Niñez y Adolescencia, para rendir cuentas de sus actuaciones frente a los casos de agresión física y sexual en contra de dos niños en el cantón Naranjal.
Las asambleístas Sofía Espín y Johanna Moreira cuestionaron la lentitud con que actuaron las diversas autoridades, entre ellas la Fiscalía, pese a que el caso generó conmoción en la ciudadanía, pues uno de los niños tendrá lesiones permanentes, como consecuencia de la violación.
Enfatizaron que es evidente que las autoridades no actuaron con celeridad y que los responsables deben ser sancionados, criterios que fueron compartidos por el legislador Ricardo Vanegas, quien expresó que le preocupa que la Fiscalía haya iniciado una indagación por lesiones, cuando es evidente que existe una violación sexual, pese a lo cual a la madrastra se le dictaron medidas cautelares en lugar de ordenar la detención.
Vanegas denunció que el policía que elaboró el parte luego de verificar que el menor fue violentado, no informó de inmediato a la Fiscalía de turno, a la vez que cuestionó la gestión de la Fiscalía del Guayas, considerando que hasta el momento no ha iniciado la instrucción fiscal.
La presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, manifestó que de acuerdo con la sentencia de la Corte Constitucional la institución no puede iniciar de oficio un proceso disciplinario contra los servidores judiciales por manifiesta negligencia, dolo o error inexcusable sin que haya previamente la declaratoria jurisdiccional de la corte o la respectiva denuncia.
Informó que, en este caso, la denuncia la puso la Asociación de Mujeres Abogadas del Guayas el 16 de septiembre de 2021. Sin embargo, dijo que el Consejo de la Judicatura ya se activó el 11 de septiembre a través de la Dirección de Transparencia e instaló una mesa emergente.
Así mismo reseñó que el 7 de octubre de 2021 la Corte Provincial del Guayas dictó la declaratoria jurisdiccional previa para los dos agentes fiscales a cargo del caso y que el 10 de octubre dictó la medida preventiva de suspensión y el inicio del sumario administrativo.
La asambleísta Sofía Espín advirtió que el 4 de septiembre de 2021 el niño ingresó al Hospital Básico de Naranjal donde se verificó la agresión física y sexual, pese a lo cual no se denunció en la Fiscalía y Dinapen.
Al respecto, Andrés Corral, viceministro de Atención Integral de Salud, expresó su preocupación porque el 32% de niños, niñas y adolescentes ha vivido violencia sexual, lo que llama a actuar de manera intersectorial y en el caso del Ministerio de Salud ha implementado los servicios a víctimas de violencia basada en género.
El funcionario informó que el Ministerio conoció el caso el 8 de septiembre, es decir 4 días después de ocurridos los hechos y que ante la gravedad de las lesiones el niño fue trasladado desde el Hospital a Naranjal a un establecimiento de mayor complejidad, como el Hospital Francisco Icaza Bustamante.
Reveló que se ha dispuesto la remoción del Director del Hospital de Naranjal y otras acciones contra cinco funcionarios frente al incumplimiento de la norma técnica. También han solicitado un proceso de auditoría.
Ramiro Navarrete, gerente del Hospital Francisco Icaza Bustamante, informó que, ante la presunción de violencia contra el menor, se notificó al 911 y acudió el sargento de Policía de apellido Toalombo, quien a su vez informó a la Unipen, cuyo delegado, el oficial de Policía Jofre Aulestia indicó que el caso ya estaba judicializado en Naranjal. También señaló que luego de la intervención quirúrgica se verificó la existencia de una lesión penetrante.
PV
Más fotografías
