La Comisión de Desarrollo Económico llevó a cabo un nuevo proceso de socialización del proyecto Ley de Pagos en Plazos Justos, primero las Mipymes, cuyo objetivo es desarrollar un marco de protección para las personas naturales y jurídicas de posibles condiciones contractuales gravosas en cuanto a los plazos de pago, incorporando la obligación de su cancelación en el tiempo justo.
En esta ocasión, la mesa recibió en comisión general a Verónica Sevilla, directora ejecutiva del Comité Empresarial Ecuatoriano, quien indicó que la propuesta genera una limitación a la libertad de contratación, negociación y mercado. A la vez, mencionó que hay cuerpos legales que regulan el buen pago a la empresa privada.
Francisco González, representante de la Cámara de Comercio de Quito, mencionó que el 80% de sus socios son mipymes. Por ello aplauden el espíritu de la ley, pero comentó que hay otras normativas que, dentro de su ámbito, regulan no solo a sociedades privadas, sino a todo tipo de empresas, incluso públicas.
De su parte, Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias de Pichincha (CIP) destacó que las mipymes son importantes generadoras de empleo y están de acuerdo con un pago expedito; sin embargo, dijo que hay varios segmentos en el mercado y sería un error, desde el punto de vista técnico, limitar a que el pago se realice en 45 días.
Recalcó que las limitaciones de las mipymes no solo es el pago, sino la falta de fomento productivo y la apertura de mercados; y, señaló que si los plazos están regulados en la Superintendencia de Control de Poder del Mercado no se deberían establecer estas disposiciones.
La asambleísta Wilma Andrade sostuvo que la normativa beneficiará a las pequeñas y medianas empresas, que no reciben el pago a tiempo y debido a ello tienen que cerrar sus negocios. De su parte, el legislador César Rohon señaló que es fundamental la libertad de contratación y recalcó que con la participación de los diversos sectores se construirá una ley que beneficie a todos los ecuatorianos.
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