En el marco del tratamiento de los proyectos de ley relacionados con la regulación del lobby y la prevención de conflictos de intereses, la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana recibió a Claudio Pimentel, experto en Derecho Constitucional, quien expuso la definición de lobby y transparencia. En este último punto sostuvo que esta constituye el “antídoto”, ante la corrupción. Así mismo, comentó que la transparencia fortalece la probidad y previene los conflictos de interés.
Remarcó que los cuatro proyectos que tramita la mesa determinan límites para los lobistas e instauran ciertas obligaciones a la autoridad y, además, contempla la rendición de cuentas. Sin embargo, hay acciones que se deben mejorar, en cuanto a determinar al sujeto pasivo e incluir sanciones efectivas.
A manera de conclusión sostuvo que se debe establecer un registro único, reconsiderar situaciones que no están obligadas a registrarse, imponer obligaciones a sujetos pasivos y mejorar el estatuto de sanciones, coherencia y sistematización.
Edwin Tello, experto en Derecho Civil y Procesal Civil resaltó que el lobby podría corromperse por el tráfico de influencias. Destacó que existen tres riesgos para el lobby: posible compra de conciencias, parálisis gubernamental y problemas de gobernabilidad.
También señaló que con la aplicación del lobby se corre el riesgo de incompatibilidades del sistema jurídico y la vulneración de derechos constitucionales. Por eso recomendó que, por el momento, no se ponga en práctica ninguno de los cuatro proyectos presentados.
En otro tema, la mesa conoció una resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL) en la que resolvió remitir a esta Comisión el requerimiento presentado por el asambleísta Rodrigo Fajardo referente al incumplimiento en la entrega de información por parte de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL-EP), a fin de que se dé el tratamiento previsto en el artículo 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
El asambleísta Fajardo sostuvo que pidió información sobre el deficiente servicio de energía eléctrica en la parte baja de la parroquia de Molleturo, así como del abastecimiento de energía y el alcance del servicio; sin embargo, no tuvo respuesta.
Una vez conocida la decisión del CAL, la Comisión resolvió insistir en el pedido de información al nuevo gerente subrogante y al interventor de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL-EP).
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