La Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, dirigida por su vicepresidenta, Wilma Andrade, recibió el criterio de varios analistas y expertos en materia tributaria, como parte del estudio del proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia Covid-19, presentado por el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, con carácter de urgente en materia económica.
Roberto Legarda alertó a la mesa que el proyecto, en caso de ser aprobado en las condiciones enviadas por el Primer Mandatario, constituiría un retroceso para la clase media del país, al gravar con mayor carga tributaria a quienes ganan más de 2000 dólares al mes, con lo cual se anularía la capacidad de ahorro de este segmento poblacional, por lo que consideró que la propuesta no está amparada en estudios técnicos.
Mientras, Patricio Alarcón se mostró contrario al proyecto, en los términos propuestos, por cuanto se le resta la posibilidad de consumo y de aporte a la reactivación económica a la clase media y, contrario a lo que se pretende, con el incremento de impuestos en algunos productos, como en el caso de los licores, se desincentiva el turismo y se alienta el contrabando.
Para Cristina Trujillo, representante del gremio de contadores públicos, se requiere aprobar una ley que contribuya a la seguridad jurídica para la inversión y la reactivación productiva. No obstante, en lo que atañe al impuesto a las personas naturales, se atenta contra el derecho a la deducción de gastos personales que está contemplado en la ley. Por ello, dijo que es necesario que se mantenga el esquema de deducciones tal como está vigente.
De su lado, el exministro de Finanzas, Francisco Swett Morales, observó que el Ejecutivo debe tener un plan B que le permita contar con los recursos necesarios para cumplir con el servicio de la deuda, como uno de los elementos básicos de la política económica. Criticó el hecho que en el proyecto se hace una única mención al crecimiento económico del país en la exposición de motivos y no en el contexto de la normativa propuesta.
Entre tanto, el experto tributario Juan Gabriel Reyes, dijo que en el proyecto no existe un mecanismo que permita exonerar del pago de la contribución temporal de la persona natural, cuando ya lo ha hecho en calidad de accionista de una empresa o de un grupo de empresas (holding).
Para Javier Robalino Orellana, es necesario que el texto del proyecto sea claro y preciso, a fin de evitar la doble tributación que podría producirse respecto del patrimonio de la persona natural y del patrimonio que corresponde a la empresa de la cual esa persona natural es accionista.
Finalmente, Juan Pablo Jaramillo consideró necesario generar recursos para cerrar el hueco fiscal que bordea los 740 millones de dólares y la única manera de hacerlo es a través de una reforma de carácter tributario, ya que se está haciendo uso de la excepcionalidad para evitar que los ingresos permanentes de la proforma presupuestaria sean inferiores a los gastos permanentes, hecho que afecta gravemente a las finanzas públicas.
La legisladora Wilma Andrade, tras agradecer el aporte de los técnicos en materia económica y tributaria, solicitó que la información, sobre todo aquello que se sustente en datos estadísticos y proyecciones, sea remitida por escrito a la Comisión, a fin de efectuar un análisis minucioso.
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